Tal vez lo pasamos por alto por estar demasiado atentos a las noticias que recibimos, entre sobresalto y sobresalto, sobre robos, atracos, asesinatos, feminicidios y, últimamente, sobre los fallos de protocolo  de la Policía  que permiten que un detenido se suicide con una pistola que no se  sabe de donde salió y con las esposas puestas, sin dejar de mencionar los dimes y diretes entre el malhumorado presidente de la Suprema Corte de Justicia, la jueza de esa alta corte que sufre de “cartitis aguda” y el procurador general de la República, aunque tire la piedra y esconda  la mano o  mande a otros  a tirarla. Pero en otras circunstancias, y en  cualquier otro país donde respeten mínimamente  sus instituciones, se hubiera armado un reperpero grandísimo como consecuencia de la desaparición de un fusil M-16 y una pistola Glock, que figuraban como pruebas  en el auto de apertura a juicio contra los sobrevivientes de la banda de asaltantes de bancos que dirigía John Pércival Matos. El abogado de los familiares  de sus víctimas, Plutarco Jáquez, reclamó ayer al Ministerio  Público, que decidió retirarlas como prueba luego de que no fueron presentadas en la audiencia del pasado 27 de marzo, que busque  esas armas o las haga presentar, pues se trata de la prueba material de que el principal acusado  cometió los hechos que se le imputan. Es probable que el Ministerio Público esté convencido de  que tiene suficientes pruebas, aún sin las armas con las que se cometieron los hechos que se están juzgando, para conseguir una condena, pero su desaparición no puede ser tomada a la ligera, como un hecho menudo y sin importancia, pues eso simplemente quiere decir que nuestro sistema de administración de justicia anda tan mal que llegamos al punto en que  “to´ e´ to´ y na´e´na´”.