Los principales sectores políticos nacionales –aún aquellos que viven muy preocupados por la forma en que fue nombrada la Junta Central Electoral- han demostrado que comprenden que lo más urgente es fortalecer la institucionalidad del sistema comicial que tiene como eje a ese tribunal. En verdad, la presencia, vigencia y autoridad de la JCE son insustituibles. Debería estar claro entonces que nadie puede suponer que la gestión de algo que se llame Comisión de Seguimiento implique la intención de suplantar o menoscabar de alguna forma las soberanas potestades de la JCE. A lo sumo se trataría de erigir, como en ocasiones anteriores, un mecanismo de observación con calidad moral y suficiencia para que  opere  básicamente, como testigo de excepción  y consejero  del proceso electoral en el tramo de su culminación. Se trata de un ejercicio que no puede ser de daño para nadie. Mucho menos para la Junta, que con diaria insistencia habla de  obrar con diafanidad y absoluta imparcialidad. ¿Que tendría de malo que idóneos integrantes de la sociedad estén ahí para confirmar  la pureza de las cosas?

La última palabra

Parece claro ya que  el único que podría remover obstáculos e impulsar la marcha del Sistema de Seguridad Social como un todo es el Presidente de la República aunque se haya estado viendo de por medio (como mediador, como es obvio) a monseñor Agripino Núñez Collado. Es el caso  de que los conflictos de intereses que inciden en el ámbito de la naciente entidad conjunta no son paja de coco, y la propia ley sobre la materia garantiza, deplorablemente, que las partes estén en condiciones de trancar el juego a cada paso. El ominoso poder de veto, establecido para obligar y garantizar el consenso, ha sido al mismo tiempo una inexorable palanca de freno que lo mismo  sirve a las buenas causas que a las malas. Pero entonces viene a ser que el Poder Ejecutivo es el factor central de la nación, con la ineludible obligación de colocarse siempre del lado de  Dios; no del diablo. En nombre de los supremos intereses de la nación, y agotando el tiempo para que los diferentes componentes de la seguridad social se avengan a coincidir en un camino claro, el Presidente Leonel Fernández debe imponer decisiones, justas y equilibradas. De ahí en adelante, lo único que corresponde es que la ciudadanía lo respalde con toda su energía.

No pasa un día…..

El  Partido de la Liberación Dominicana ha ganado el crédito, en su ya varios años de presencia en la Cosa Pública, de que se preocupa bastante de colocar en la dirección de organismos de la administración a gente que se empeña en mejorar el funcionamiento de la burocracia. La Secretaría de Obras Públicas es demostración de ello, pues el PRD del cuatrienio anterior había anulado el progreso alcanzado por el primer gobierno de Leonel que acertó  expandiendo con idoneidad los mecanismos de expedición de licencias de conducir y de revistas para vehículos de motor, además de hacer modernos y eficientes los cobros de peaje. Tan pronto volvieron los blancos al Estado, las facilidades se esfumaron y muchos servicios  a contribuyentes se deterioraron. Las cosas han ido volviendo al orden, con una excepción: no pasa un día sin que alguien denuncie que intentaron o lograron macutearlo» en los trámites de entrada al país a través del aeropuerto  de Las Américas. Valientemente, periodistas que cubren el área aeroportuaria se han hecho eco de las denuncias a pesar de que  en esa terminal confluyen  rudos  organismos militares, de inteligencia, migración y Aduanas en los que suelen aparecer unos intolerantes jerarcas que presionan y acorralan para que los males de esa deplorable zona de ingreso al territorio  nacional siempre tengan sordinas. En los cuatro primeros años de Leonel todo estuvo mejor allí.