Claudio Acosta 
Las multas falsas o fantasmas que han impuesto los agentes de la Digesett (antigua Amet) a miles de ciudadanos, muchos sin vehículos y otros que ni siquiera saben manejar, han pasado de ser una anécdota ilustrativa del desorden de país en el que vivimos a un problema de envergadura que ocupa grandes titulares en los periódicos. Porque ocurre que, por culpa de esas multas falsas, una gran cantidad de ciudadanos, algunos de los cuales aparecen hasta con 300 infracciones, no pueden renovar su marbete en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que los rebota hacia la Fiscalía de tránsito para que las impugnen o, por medio de una conciliación, consigan alguna rebaja. Pero como no tienen opción tendrán finalmente que pagarlas si quieren obtener el marbete, aunque les conste que no han cometido las infracciones con las que aparecen registrados. Por eso no tengo dudas de que muchos de esos ciudadanos se consideran víctimas de una especie de atraco legalizado que los ha despojado impunemente de su dinero, del producto de su trabajo, en nombre de la ley y la autoridad. Y lo peor del caso es que ni la ley ni la autoridad han querido asumir su responsabilidad ante una evidente acción fraudulenta de los agentes que impusieron esas multas de manera arbitraria, que hasta donde se sepa no han respondido por su acción, dejando a las víctimas del fraude en la mas absoluta indefensión. Ningún funcionario ha explicado con claridad porqué, ni por orden de quien, se ordenó a los agentes de Amet que tenían que imponer una cuota mínima de multas al día, ni quien tuvo la perversa idea de completarla utilizando los datos de ciudadanos escogidos al azar. Simplemente se han lavado las manos remitiendo a los afectados al calvario de una burocracia desbordada por los reclamos, legalizando un abuso que, por ser cometido (insisto) en nombre de la ley y la autoridad, es doblemente doloroso.
