Ninguna novedad aporta al debate el secretario de Interior y Policía, Franklyn Almeyda, al reconocer que es ilegal la retención de la licencia de conducir, por parte de los agentes de AMET, a los conductores que violen la ley sobre tránsito, ilegalidad que ya reconoció su actual incumbente, el mayor general José Sigfredo Fernández Fadul, al igual que lo había hecho antes el hombre que patentizó el despojo, el general retirado Pedro de Jesús Candelier.

¿Y? La única esperanza que le queda al ciudadano de ponerse a salvo de esa ilegalidad es la puesta en práctica del nuevo mecanismo computarizado de imposición y cobro de las multas, pero por lo que hasta ahora se ha sabido de esa iniciativa habría que esperar, por lo menos, un par de meses para que AMET abandone la odiosa práctica. Por lo pronto, amárrese el cinturón de seguridad, no se le ocurra hablar por su celular mientras conduce ni cometer cualquier otra imprudencia, pues corre el riesgo de convertirse en víctima de un nuevo atropello en nombre de la autoridad para obligarle a cumplir la ley.

«Camino del puente…»

  Dos o tres semanas faltan todavía, según el presidente Leonel Fernández, para que sea una realidad el famoso decreto puente llamado a regular las compras de bienes y servicios en las instituciones del Estado. El mandatario explicó que la tardanza en producir ese anhelado instrumento regulatorio obedece a que lo sometió a la consideración de sus funcionarios para fines de recabar opiniones, requisito que entiende indispensable para garantizar su aplicabilidad y, más que nada, «para que sepan a qué se están comprometiendo». Ojalá que esos funcionarios puedan, en un tiempo razonable, tener una opinión acabada del llevado y traído decreto, que –vale recordarlo– ya fue estudiado, analizado y debidamente ponderado por la Comisión Nacional de Etica con el auxilio de conocidos representantes de la sociedad civil, antes de que el inexplicable mamoneo obligue a cualquiera a pensar que el gobierno es, a pesar de su cacareada voluntad de transparentar la gestión pública, el menos interesado en hacer una realidad esa transparencia.

Insuficiencias policiales

  Las crecientes demandas de ampliación del programa Barrio Seguro, como en el caso de Santiago, pueden ser legítimamente interpretados por los estrategas del gobierno como una demostración clara de que la ciudadanía valora favorablemente ese esfuerzo, a pesar de sus limitaciones, insuficiencias o eventuales mediatizaciones. El problema puede presentarse si el gobierno, en atención a esas demandas, no va tomando las debidas previsiones para estar en capacidad de atenderlas en el más breve plazo posible, tal y como debe ser tratándose de un problema tan acuciante. ¿Por dónde empezar? Por el verdadero nudo de la cuestión: la insuficiencia de agentes policiales para enviarlos, previamente entrenados, a los distintos frentes de combate que se van abriendo con la puesta en operación de Barrio Seguro. ¿De dónde sacarlos entonces? La pregunta tiene varias respuestas, entre ellas la posibilidad de transferir unos cuantos miles de guardias a la Policía Nacional. ¿Qué le parece la idea, Almirante?