Las penosas circunstancias en que falleció una mujer en el aeropuerto internacional Las Américas, tras ser encerrada en una «celda» ubicada en el sótano de esa terminal, no puede de ninguna manera limitarse a determinar las causas de su muerte mediante una autopsia, que en estos momentos se supone practica Patología Forense, pues resulta obvio que en la forma en que las autoridades de Migración manejaron su detención se incurrió, por lo menos, en negligencia criminal. Ahora sabemos, para que sea más grande la indignación que todos sentimos, que esa mujer era profesora de idiomas en Holanda, que tenía visa legal, y que tres de sus cinco hijos residían junto a ella en ese país europeo. Sin embargo fue tratada como una delincuente solo porque un inspector de Migración intuyó que sus papeles eran falsos, impedida de subir al avión que la llevaría de vuelta junto a sus hijos y encerrada en una inmunda habitación para que la muerte la sorprendiera sola, totalmente incomunicada del resto del mundo, presa de la angustia y la desesperación. Y alguien tiene que pagar por eso. ¿O piensan decir que solo se trató de un «lamentable accidente»?

Alerta en la frontera

Contrariando el histórico hábito de no mirar hacia la frontera, de fingir que aquella sensible zona de nuestra insular geografía simplemente no existe, el país debe poner sus ojos, fijar su atención a lo que allí ocurre desde que la pasada semana residentes en la comunidad de Hatillo Palma, en Montecristi, intentaron vengar por su propia mano la muerte de una comerciante asesinada por ciudadanos haitianos que intentaron atracarla junto a su esposo, quien resultó gravemente herido en el suceso. Esa situación, de no atajarse a tiempo, podría extenderse a otras zonas del país no tan fronterizas pero sí con una numerosa presencia haitiana (¿en qué parte del país, pregunta un amigo televidente, la presencia de nacionales haitianos no merece ese calificativo?), lo que tarde o temprano terminará pesándonos. Ayer, por ejemplo, una crónica periodística fechada en Enriquillo, Barahona, daba cuenta del «apresamiento», por parte de una turba armada de palos, piedras, machetes y cuchillos, de cientos de haitianos a los que posteriormente entregaron a las autoridades policiales y de Migración para que los sacaran del país, no sin antes despojarlos de sus pertenencias. Se trata, desde luego, de un abuso incalificable, no solo porque ofende la dignidad humana sino porque nos colocan al borde de otra denuncia de maltratos y abusos contra nuestros vecinos, de las que siempre salimos tan mal parados, ante los organismos internacionales de derechos humanos.

¿Campo de refugiados?

La mejor demostración de que esa eventual denuncia ya está «caminando», como dicen por ahí, es lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera, concretamente en Juana Méndez, donde según el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes está a punto de producirse una situación de emergencia debido a la masiva llegada de cientos de haitianos repatriados, entre ellos muchos que dicen ser ciudadanos dominicanos, a un lugar que carece de servicios tan básicos como agua potable y energía eléctrica, escasean los alimentos y las atenciones sanitarias son precarias para no decir inexistentes. Si la situación es tan grave como la pinta el padre José Núñez (Chepe), dentro de poco el escenario estará preparado para que cualquier avispado reportero, cámara de video en ristre, recoja en imágenes las escenas de hacinamiento y pobreza, definitivamente impactantes, que mostrarán al mundo las durezas de una realidad terrible y dolorosa de la que seremos en gran parte responsables por nuestra falta de solidaridad con el hermano pueblo haitiano. Y volveremos a ser, como siempre, los chicos malos de esta pésima película. ¿Pero hasta cuándo?