Lo que más perturba de las estremecedoras declaraciones del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez al explicar la manera en que operaba la red de corrupción que presuntamente dirigía el mayor general Adán Cáceres Silvestre no es la facilidad conque sus miembros se apropiaban del dinero de las nóminas, pues nadie fiscaliza el uso que se le da a los recursos que se entregan a los militares.

Tampoco que el delator explicara con hiriente desfachatez porqué tanto él como sus compañeros de expediente no le temen a delinquir, ya que las cárceles militares son, para los oficiales superiores, como habitaciones de hotel en las que no falta ninguna comodidad, un secreto a voces que pocos ignoran.

Lo que mas debió llamar nuestra atención de las explicaciones del oficial es que fuera reiterativo y enfático al señalar que esas prácticas aun se mantienen, tanto así que a pesar de estar presos y sometidos a la justicia los imputados continúan beneficiándose de esa operación fraudulenta.

Las declaraciones del oficial, como era de esperarse, hicieron reaccionar al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que en un inusual comunicado dio garantías al país de que las instituciones militares “son un cuerpo social fundamentalmente sano y comprometido con la misión que le corresponde”.

Y qué bueno que así sea, sobre todo porque el comunicado también da garantías de que aquellos que se aparten de la Constitución y las leyes tendrán que responder ante la justicia. Pero esas garantías resultan insuficientes después de las declaraciones del mayor Girón, quien aseguró que las pruebas de lo que dijo están en manos del Ministerio Público.

El asunto es tan serio que yo esperaba que, además del comunicado, el Estado Mayor pidiera auditar todos los organismos militares y sus nóminas. Así saldríamos de las dudas sobre su verdadero estado de salud, pues la corrupción, al igual que el cáncer, suele mostrar síntomas cuando ya es demasiado tarde para salvar al paciente.