Qué se dice
No hay confianza

Qué se dice <BR><STRONG>No hay confianza</STRONG>

Tres espontáneos comportamientos colectivos valen más que toda la palabrería del oficialismo y la oposición al enfocar los problemas de la sociedad dominicana. Ya la gente se organiza y sale a marchar a la calle para protestar por la delincuencia, sin que haya que hacer  previamente mucha convocatoria y llamamientos. Casi a diario, en algún lugar del país, padres e hijos de todas las edades salen a reclamar la falta de seguridad para los ciudadanos. Otras dos actitudes, con relación al mismo asunto, resultan dramáticas. La primera es que en más y más vecindarios la gente proclama su intención de organizarse para la autodefensa frente a la criminalidad, y ya incluso, de manera específica, esa decisión de llenar el vacío de la falta de vigilancia policial, ha dado frutos con apresamientos in fraganti de bandoleros. El tercer  punto es que casi a diario son acorralados supuestos malhechores a los que las multitudes pretenden linchar ipso facto y no pocos han sido muertos o mal heridos cuando la policía no ha llegado a tiempo para protegerlos. No hay estadísticas a manos, pero con seguridad que casos de esa naturaleza se registran ahora más que antes. Estas reacciones de los dominicanos, que ya solo creen en lo que ellos mismos puedan hacer para enfrentar la delincuencia, es un mensaje que el Gobierno no debe escuchar como quien oye llover.

 

No hay voluntad

  Una expresión clara de falta de autoridad estriba en la violencia con saldos ocasionales de víctimas mortales incluso, que estalla entre choferes, conductores y agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte. En la semana que terminó un joven taxista y estudiante universitario fue muerto por un oficial de Amet,  tras una alegada infracción de tránsito; el homicida está bajo investigación pero sus superiores se adelantaron a admitir que el autor del homicidio, todo un oficial de la institución, incurrió en una persecución innecesaria. Violó con desparpajo sus propias normas y derramó sangre inocente. De otro lado, está la realidad de que Santo Domingo es una ciudad frecuentada por automovilistas y motociclistas que no respetan la ley y mucho menos a quienes están en las vías públicas para hacerlas respetar. No puede ser fácil para Amet preservar el orden si los que transitan en vehículos no le temen al castigo. Aquí se imponen multas que luego los infractores no pagan. Aquí se puede conducir por esos caminos de Dios en completo estado de embriaguez o a exceso de velocidad sin la menor preocupación, pues no están en uso los equipos que permitirían determinar la presencia de alcohol en la sangre ni radares para medir la rapidez a que se mueven los autos. Estamos hablando de violaciones a la ley que bien podrían ser calificadas de criminales porque sus consecuencias pueden ser trágicas. A pesar de que tenemos un Gobierno que se reputa muy conocedor de las modernidades reinantes en otros países de notable progreso, a los que se visita con mucha frecuencia, poco se hace por  traer aquí los buenos métodos que por allá se aplican para organizar e imponer respeto en el tránsito. Estamos hablando de mecanismos simples y de bajo costo, pero que pueden ser considerados fundamentales para cuidar vidas humanas y que no deben seguir siendo exclusivos del mundo exterior que tanto parece interesarnos.

 

Democracia de pacotilla

  Es una mala señal para la democracia dominicana el que en estos momentos el Estado incurra en inequidades como la que significa que sus autoridades son cada vez más eficientes en el cobro de impuestos al consumo -igual para ricos que para pobres- y en la aplicación de tributos a los contribuyentes de bajos ingresos (y no sobre los grandes productores de riquezas) y que al mismo tiempo ese Estado no sea eficiente en devolver, en servicios a la ciudadanía, una parte importante del producto de su acción recaudadora. Para muestra bastan algunos botones: abundan en el país las ruinas modernas consistentes en planteles escolares a medio construir -una situación de años y años-mientras, también, un importante porcentaje de escuelas operan en desastrosas condiciones, lo que a diario sale a relucir por la prensa. Uno de los últimos casos divulgados es el de la escuela Abigail Mejía, de Sabana de la Mar, a punto de desplomarse sobre numerosos niños pobres. El país, por demás,  muestra un déficit de instalaciones sanitarias y de cobertura de enfermedades catastróficas para los desamparados, y en ciudades como San Pedro de Macorís los enfermos de bajos recursos económicos se encuentran en la orfandad asistencial. Agréguese el hecho de que la seguridad social, ya en términos nacionales, sigue inoperante por falta de voluntad política, mientras miles de millones de pesos restados a los ingresos de legiones de familias pobres están congelados o solo son productivos para el ejercicio financiero de los poderosos. ¿Es a eso que llaman democracia? 

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