Habrá quien piense, con razón o sin ella, que se trata de una exageración, pero el gobierno está en todo su derecho de seguir adelante con su plan de dar a conocer, a través del cuerpo consular y diplomático dominicano repartido por todo el mundo, su posición de rechazo al calificativo de «Estado Fallido» que nos endilgara, junto a otros 19 compañeros de infortunio entre los que también se encuentra Haití, la publicación norteamericana, editada en Washington, Foreing Policy. Sobre todo para que quede bien claro, en cada rincón de esta pequeña aldea planetaria donde podamos hacernos escuchar, que si bien esta es una democracia «joven e imperfecta», como la definió el presidente Fernández, todavía nos separa una enorme distancia de nuestro vecino, donde a juzgar por las declaraciones de su canciller Herard Abraham, producidas apenas horas después de la contundente toma de posición del mandatario dominicano, habrá que enviar la primera de esas notas diplomáticas.

De culpas y recriminaciones

Los viejos de antes decían que lo que huele mal no debe batirse mucho, pues siempre existe el riesgo de que alguien quede embarrado. Ahora sabemos, gracias al colega El Nacional, que el acuerdo de impunidad que prohíbe entregar a la Corte Penal Internacional a cualquier soldado de Estados Unidos o funcionario de ese país acusados de cometer crímenes en territorio dominicano fue ratificado por la Cámara de Diputados con el voto mayoritario de los legisladores perredeístas, peledeístas y reformistas, y que solo los diputados de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo y José Ricardo Taveras Blanco, se opusieron a su aprobación. La revelación coloca en una perspectiva distinta la cariñosa defensa que de ese acuerdo hiciera el portavoz del Gobierno, el licenciado Roberto Rodríguez de Marchena, pero también obliga a ser más justos y equitativos a la hora de repartir culpas y recriminaciones.

El rostro de la violencia

Es evidente que no basta con repetirnos una y otra vez, como si nos negáramos a creer en una verdad demasiado dolorosa, que somos una sociedad rendida ante la fuerza destructiva de la violencia, la misma violencia que dejará imborrables huellas en todas y cada una de las 14,000 personas cuyos rostros han sido sometidos a cirugías reconstructivas en el Hospital Darío Contreras, donde fueron atendidas tras ser víctimas de asaltos, atracos y otros actos agresivos vinculados a la delincuencia. El doctor Ramón Richardson, jefe del Departamento de Cirugía Máxilo Facial del referido hospital, ha querido mostrarnos, con la inapelable contundencia de las estadísticas, las alarmantes dimensiones de un problema que, en el momento y lugar menos esperados, nos muestra su rostro más violento.