Mientras se convoca para el próximo lunes a un Consejo de Gobierno Ampliado, encabezado por el presidente Fernández, al que serán invitados los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia así como representantes de las iglesias y la sociedad civil para discutir lo que se hará frente al problema de la delincuencia, la gente en la calle, que no tiene tiempo ni paciencia para esperar milagros, empieza a tomar justicia por su propia mano, pues el instinto de supervivencia sigue siendo el más fuerte de todos. La más reciente muestra, pero no la última, de que el clima de inseguridad que vive el país están haciendo mella en el ánimo de la población ocurrió antier en Barahona, en el Batey Uno de Tamayo, donde un obrero acusado de despojar a una persona de 500 pesos y un celular estuvo a punto de morir linchado por una multitud que no logró su propósito por la llegada oportuna (¿o habría que decir inoportuna?) de la Policía.

Disonancias

  Es demasiado evidente como para que pase inadvertido: el asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo, el doctor Marino Vinicio Castillo, tiene una percepción muy distinta de la gravedad y las implicaciones del problema de la delincuencia que el resto del gobierno, incluído el Presidente de la República, con el agravante de que lejos de disimularlo procura todo lo contrario, como resultó evidente en la reunión de funcionarios del área de seguridad pública del lunes en el Palacio Nacional, cuando en un aparte con los periodistas Castillo se mostró partidario de mandar los guardias a las calles a bregar con delincuentes, contrario al criterio, ya expresado públicamente, por el presidente Fernández. Mientras el gobierno, con el Presidente de la República a la cabeza, cree que todavía hay tiempo de discutir y analizar qué hacer frente al problema de la seguridad ciudadana, el influyente asesor presidencial cree que el país, en esa materia, vive un verdadero estado de emergencia, y que por lo tanto hay que actuar en consecuencia.

El desmentido

  La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) envió a este diario un comunicado en el que niega que haya aumentado la tarifa residencial, y que por lo tanto son erróneos los datos divulgados sobre los reajustes que durante este mes dicen haber recibido usuarios que se quejaron, con los recibos en la manos, de un aumento que consideran abusivo. Incluso, la CAASD remitió junto al comunicado un cuadro tarifario en el que “prueba”, con cifras y porcentajes, que no se ha producido el reajuste denunciado. Ante tal “desmentido”, no hubo más remedio que volver a consultar a los usuarios, esta vez de sectores tan distintos -socioeconómicamente hablando- como Herrera y El Vergel, que no solo se quejaron del alza en la facturación sino también de la tardanza en atender los reportes de averías, pero también del cobro de 500 pesos por reconexión que consideran excesivo. Esas quejas tal vez no sean del agrado de la CAASD y su departamento de relaciones públicas, pero nadie tiene la culpa de que una institución de servicio, para colmo estatal, quiera tapar el sol con un dedo en lugar de poner atención a los reclamos de ciudadanos que pagan por el servicio y que por lo tanto tienen derecho a ser bien servidos.