Es difícil  no estar de acuerdo con Luis Abinader, candidato presidencial del PRM, cuando afirma que la JCE acomoda la ley al Poder con la resolución que le da cancha abierta a los funcionarios públicos para que participen en actividades políticas  fuera de su horario de trabajo, lo que podría ser el mejor chiste de lo que va de campaña electoral si no fuera porque también es una burla a la Ley de Función Pública que tanto cacarea Ramón Ventura Camejo. Tampoco cuesta ningún esfuerzo coincidir con Participación Ciudadana y su Director Ejecutivo, Carlos Pimentel, quien ayer consideró esa resolución insuficiente y poco efectiva para controlar el uso de los recursos públicos y la abusiva participación de los funcionarios en las campañas electorales, pues proceso tras proceso hemos sido  testigos de cómo los políticos  que administran el Estado utilizan sus recursos y el Presupuesto Nacional para favorecer a sus candidatos, cubriendo  cada elección  con un manto de ilegitimidad que ha ido debilitando los cimientos  de nuestra democracia. Pero tanto los partidos políticos como la sociedad civil que los ha acompañado en esos procesos saben por experiencia  que están pidiendo lo imposible, pues el rol que está llamada a jugar la JCE, al igual que el resto de nuestras instituciones, se ve mediatizado o anulado, como ha ocurrido con el  Congreso Nacional, por la excesiva   influencia  que ejerce el   Poder Ejecutivo en la democracia más presidencialista de la bolita del mundo. Y es lo que explica, también, que un Presidente  se crea con derecho a convertirse en  pichón de dictador y hacer con el país lo que le de la gana. Cambiar esa situación, impedir que uno de los poderes del Estado se imponga y controle los demás es una de las tareas pendientes de   la democracia dominicana,  pero ese cambio  nunca se producirá si se lo dejamos a los políticos, que solo se quejan de la intervención  de esa mano larga y  poderosa cuando están en la oposición.