El vocero del PLD en el Senado de la República acaba de pasarse “un poquito demasiado”, como dicen los cronistas deportivos, al declarar que la forma en que la Procuraduría General de la República trata los expedientes de exfuncionarios acusados de corrupción proyecta una mala imagen del país y afecta la inversión extranjera.

Según el representante de Elías Piña, en República Dominicana, y desde el gobierno de Luis Abinader, se está aplicando un “terrorismo judicial” sustentado en las tropelías que se cometen desde el Ministerio Público.

Pero no cuenta el cuento completo, ni dice que esas “tropelías” han sido llevadas por los fiscales ante los jueces, y que han sido esos jueces los que han decidido la suerte de los imputados en esos expedientes ¿Cree Yván Lorenzo que los inversionistas se alejarán del país porque aquí se esté juzgando a los corruptos que se aprovechan de un cargo en el gobierno? ¡Es todo lo contrario! Mas de un estudio ha demostrado que la corrupción es un obstáculo para esos inversionistas, como nadie se atreve a negar tampoco que el pago de peajes y las extorsiones de que son víctimas hacen muchísimo daño a nuestra imagen internacional.

Siempre ha sido difícil, hasta para el abogado del diablo, justificar lo injustificable, pero el legislador peledeísta pudo encontrar una mejor forma de denunciar los procesos por corrupción contra sus compañeros. O dejárselo a los expertos, a los que saben de eso, como los miembros del Observatorio por el Justo Proceso, que aunque muchos sospechan en lo que realmente están y lo que defienden, lo hacen con disimulo, pues con sus publicaciones a página entera en los periódicos tratan de provocar un debate cuyo propósito subyacente es descalificar los procesos contra la corrupción.

Que lo consigan es otra cosa, pero si no lo hacen nadie podrá decir que fue por falta de argumentos jurídicos o porque no apareció quien pudiera pagar sus astronómicos honorarios.