Entre los pretextos esgrimidos por el Colegio Médico Dominicano para abandonar las negociaciones con el gobierno y anunciar una huelga de cinco días en los hospitales públicos se señala, con particular énfasis, la supuesta negativa del presidente Leonel Fernández a reunirse con sus representantes, negativa, según se dice, que los médicos han interpretado como un desprecio de parte del máximo representante del Poder Ejecutivo a sus legítimas reivindicaciones laborales. Sea o no correcta esa apreciación bien vale la pena preguntarse si, en las presentes circunstancias, el presidente Fernández está obligado a distraer su valioso tiempo para sentarse a regatear personalmente con los médicos teniendo a un secretario de Salud Pública para mamejar esos conflictos o, en su defecto, a monseñor Agripino Núñez Collado, el apagafuegos de todas nuestras garatas, presidiendo una comisión oficial especialmente constituída para diligenciar con los galenos la satisfacción de sus demandas en la medida de las posibilidades del gobierno. Culpas son, quién lo duda, de un presidencialismo desbordado, que obliga al primer mandatario a ser depositario de «la última palabra» hasta del nombre que se pondrá a una escuelita rural, pero en algún momento habrá que empezar a desmontar una cultura política que solo ha servido para mediatizar el desarrollo pleno de nuestras instituciones, como bien puede ser la reducción de los alcances del célebre artículo 55 de nuestra Constitución.

Problema de autoridad

Mucha gente tiene la sensación de que, en el caso de la ocupación ilegal de la zona verde del kilómetro 9 de la autopista Duarte, el ayuntamiento del Distrito Nacional se ha ido por las ramas al iniciar el desalojo del área por los más débiles y menos conflictivos como son los buhoneros, dejando para una segunda etapa la verdadera papa caliente: las asociaciones de choferes y transportistas. La estrategia, si acaso merece ese nombre, parece haber dado más fuerza a los ocupantes, que ayer dijeron estar dispuestos a quedarse en el área «contra viento y marea», entiéndase contra la voluntad de las autoridades, si no se les reubica en las condiciones y el lugar acordados. Fue muy mala idea del ayuntamiento capitaleño, hay que volver a repetirlo, pagar una indemnización a los ocupantes ilegales de unos terrenos que han usufructuado de manera gratuita durante años, cuando lo lógico es que el cabildo, con el síndico Roberto Salcedo en primera línea, se ponga los pantalones y recupere, amparado en la fuerza de la autoridad y la ley, lo que a la ciudad y los capitaleños pertenece.

Sangre nueva

El nombre mismo conque se bautizó el engendro -«Pacto por la Unidad para Volver al Poder»- implica un contrasentido, probablemente inadvertido por sus creadores, pues difícilmente un partido político pueda llegar al poder por la única vía que establece la democracia, es decir mediante unas elecciones libres y abiertas, si es a su vez incapaz de elegir democráticamente a sus propias autoridades. Pero así anda el Partido Reformista Social Cristiano de estos tiempos de vacas flacas, un PRSC al que se ve resignado, al igual que sus principales dirigentes, a ser la organización bisagra del sistema, siempre útil a la hora de servir de peldaño a los que escalan el poder a cambio de unos cuantos carguitos en el gobierno. Lo más lamentable del caso, sin embargo, no es el infinito desprecio a las bases reformistas que supone el hecho de que se les ignore a la hora de renovar la estructura dirigencial del partido, sino que ese antidemocrático gesto lo aplaudan quienes, por ser representantes de la «nueva sangre» reformista, están llamados no solo a ser el relevo de la actual dirigencia sino a rectificar rumbos y explorar inéditos horizontes, si fuere necesario, a fin de estar a tono con los nuevos tiempos.¡Qué pena!