No puede pensarse en una reforma de la Constitución centrada en una delimitación más clara de las fronteras que separan los poderes públicos, como ha sugerido el presidente Leonel Fernández, sin incluir en esa reforma el célebre artículo 55, la expresión jurídica por antonomasia del excesivo énfasis presidencialista de nuestro sistema político. Si pertinente es preguntarse, como planteó el presidente Fernández en su discurso ante la Cámara Americana de Comercio, si la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad constitucional para anular un decreto presidencial o una resolución municipal, también debería serlo cuestionarse si el Presidente de la República puede, amparado en el susodicho artículo, poner en retiro a un oficial de la Policía Nacional al margen de los requisitos que, para ese retiro, establece una ley votada por el Congreso Nacional. Ojalá no caigamos en la «grosería», como bien dice el mandatario, de emprender esa reforma para tocar tan solo la reelección presidencial, fuente inacabable de históricas discordias, pero tampoco en el olvido, por demás imperdonable, de no incluir la posibilidad de reducir los alcances de un artículo que, con demasiada frecuencia, propicia excesos poco saludables para la buena marcha de cualquier democracia que se respete.

DÁDIVAS

¿Hasta dónde es legítimo que el doctor Pedro Franco Badía compare la distribución de cientos de autobuses del Plan Renove a asociaciones estudiantiles e instituciones benéficas, cumpliendo instrucciones del entonces presidente Hipólito Mejía, con la donación de un apartamento y una yipeta del año que acaba de hacerle el gobierno del PLD al atleta Félix Sánchez? Si Franco Badía quiere utilizar esa autorización como medio de defensa para eludir su responsabilidad en las irregularidades que se cometieron en ese programa, ese es un problema del ex secretario de Interior y Policía y sus abogados, pero resulta obvio que entre una cosa y la otra hay una distancia del cielo a la tierra, empezando porque en ninguna parte del decreto que creó el Plan Renove dice que esos autobuses pueden ser repartidos al mejor albedrío del presidente de la república, sobre todo si no se trata de asociaciones de choferes o del transporte, para no caer en la necedad de regatearle los méritos que sin duda tiene el Súper Sánchez para merecer la generosidad gubernamental. Lo que Franco Badía, tal vez sin proponérselo, nos ha querido decir, recoge un convencimiento muy extendido -descraciadamente- entre nuestros políticos: que esas dádivas son parte de las naturales potestades de un presidente en la República Dominicana, no importa si a la hora del reparto se trata de autobuses, apartamentos, solares, o una parcelita, a muy buen precio, del Consejo Estatal del Azúcar.

CONFLICTO EN EL HORIZONTE

Parece que lo que doña Alejandrina Germán está haciendo, con calculado buen tacto, para mantener unas relaciones armoniosas, de productiva colaboración con la Asociación Dominicana de Profesores, se lo echarán a perder algunos directores regionales y de distrito que se resisten a acatar su disposición de respetar el estatuto docente a la hora de disponer cualquier cancelación, a fin de evitar no solo que se atropellen los derechos de los maestros sin también fricciones innecesarias. Por eso se siguen produciendo cancelaciones injustas de maestros, sobre todo en las provincias fronterizas, que sus propiciadores defienden con el cínico alegato de que ellos también tienen «compromisos políticos». La situación, como sería de esperar, ha soliviantado los ánimos en la ADP, sobre todo en el sector perredeísta, mayoritario y decisivo para marcar el rumbo de la organización, y algo peor todavía; a pesar de que sus dirigentes firmaron, junto a la secretaria de Educación, un acuerdo que ponía fin a esas cancelaciones. Moraleja: si doña Alejandrina no mete en cintura a los directores regionales y de distrito que han echado a rodar por el suelo su palabra, le esperan días difíciles en sus relaciones con el combativo gremio magisterial.