Tanto que se le advirtió al doctor Víctor Céspedes Martínez, cuando se desempeñaba como Procurador General de la República, sobre los riesgos a los que exponía a la sociedad con su política de indultos masivos, dizque para descongestionar las cárceles.

Tanto que se le dijo que esa gracia presidencial no podía concederse con tanta ligereza, sin que existieran garantías ciertas de que esos reclusos reunían los requisitos que prevé la ley. Pero no hubo razón o argumento capaz de hacer desistir al funcionario de sus propósitos, ni siquiera los reiterados escándalos que acompañaron esas excarcelaciones y que recogieron, con profusión y alarma, los medios de comunicación. Es por eso que lo menos que podemos hacer ahora, enterados de que uno de los asesinos del periodista Juan Andújar, en Azua, fue indultado el pasado mes de diciembre, es recordarle al doctor Céspedes Martínez su responsabilidad indirecta en esa muerte, esperando que pierda algunas horas de sueño pensando en la parte de culpa -que es mucha- que le corresponde.

El vocero

Tal vez sea necesario que los organismos de seguridad del Estado que investigan la forma en que salió del país el coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero conversen con el ingeniero Eligio Jáquez, quien parece estar muy al día de las andanzas y actividades extracurriculares del controvertido oficial. Jáquez explica que el ex jefe de la avanzada militar del ex presidente Hipólito Mejía viajó a Madrid, España, a realizar estudios especializados en seguridad, y que permanecerá en esa ciudad europea dos años. El dirigente perredeísta, que hasta ayer se ignoraba fuese el vocero del militar, debería -eso sí- explicar un poco mejor qué quiso decir cuando afirmó que la ausencia de Goico Guerrero del país contribuirá a evitar «cualquier tipo de malentendido». ¿Sería tan amable, el ex secretario de Agricultura, de ayudarnos a entender el mensaje oculto en su acertijo?

Urgencias

La jefatura de la Policía Nacional acaba de disponer el traslado de la dotación completa del municipio de Navarrete, como una respuesta a las denuncias de la comunidad de que esos agentes hacían causa común con los delincuentes, a quienes llegaban incluso a cobrarles peaje para permitirles operar a sus anchas. Lo que ocurría en Navarrete también estaba sucediendo en Azua, según reveló a un popular programa radial el padre del periodista asesinado, donde un teniente de la Policía es señalado como el jefe de las distintas bandas que operaban en esa laboriosa provincia sureña. ¿Hace falta que ocurra otra tragedia como las de Azua o Navarrete -sin olvidar, desde luego, el bochornoso episodio de los carros de lujo recuperados que utilizaban sus oficiales- para convencernos de que la profilaxis de la Policía Nacional no puede esperar un solo minuto más?