¿Por qué al coronel Ramón A. Guzmán Peralta, cuya detención fue confirmada ayer por el Director  de la Policía Nacional  por estar en   conocimiento “de  una posible trama” que obligó a suspender las elecciones del domingo, los fiscales que investigan el caso informaron que  lo acusan de lavado de activos, asociación  de malhechores y tráfico de armas? Eso   es algo que las autoridades deberían   explicar, pues nos retrotrae a  tiempos que creíamos  superados. ¿Por qué decir que lo acusan de una cosa si lo investigan por otra muy distinta? El mayor general Ney Aldrín Bautista también confirmó el apresamiento de un técnico  de una empresa telefónica que habría informado al oficial  apresado (la  conversación por WhatsApp  está circulando en las redes sociales) que oficiales de  organismos de seguridad del Estado le pidieron que les facilitara un vehículo rotulado y uniformes de la empresa para retirar de la JCE un equipo que  previamente habían  introducido allí,  que finalmente no pudieron sacar. Cabría suponer que las autoridades que allanaron la residencia de las hijas  del coronel Guzmán Peralta  a las tres de la mañana del lunes habrán puesto el mismo empeño  en  localizar e identificar  a los oficiales que le  habrían pedido ese favor al empleado de la telefónica, a quien conocen y tratan  por ser el responsable de darles soporte (léase intervenciones telefónicas) cuando requieren su “colaboración” a través de una  orden judicial. Sé que a estas alturas  ya se dieron cuenta   por dónde  anda la cosa, por lo que no me extrañaría que, al igual que un servidor, no abriguen muchas esperanzas de que esa investigación concluirá señalando  a los responsables de lo que se ha definido como un atentado contra la democracia; y las razones son tan obvias, que no hace falta citarlas. Pero al menos ya sabemos, aunque ninguna autoridad se interese en probarlo ni demostrarlo, que pudo haberse tratado de un “sabotaje de Estado”.