Tal parece que nadie quiere responsabilizarse, una vez hecha pública la iniquidad, de la retención de los RD$2,650 que debe recibir como pensión del Estado, tras trabajar 26 años como enfermera, la señora Zaira Castillo Ramírez, madre de Quirino Ernesto Paulino Castillo, procesado por narcotráfico y lavado de activos en una corte federal de Nueva York. El doctor Bautista Rojas Gómez, secretario de Salud Pública, fue el primero en rebotar la pelota explicando que la cartera que dirige nada tiene que ver con pensiones, que eso es asunto de Finanzas, pero allí se dieron seguridades de que todos los meses esos recursos son depositados en una cuenta en el Banco de Reservas. Cuando reporteros de este diario se comunicaron con ese banco, un amable funcionario de relaciones públicas respondió con una amable cantinflada: allí solo retienen fondos por mandato de la autoridad judicial competente. -¿Y en el caso de la madre de Quirino? Quiso saber el exasperado periodista. “La ley de bancos nos prohíbe referirnos públicamente a las cuentas de nuestros ahorrantes y depositantes”. ¿A quién le toca ahora, al Ministerio Público?

ADP al ataque

  Los maestros de San Pedro de Macorís lograron ayer su propósito  de paralizar la docencia en la totalidad de las escuelas y liceos de esa provincia, en el segundo día de una huelga que patrocina la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en reclamo de un aumento salarial y la reposición de diez conserjes. No hay porqué dudar entonces que los promotores de esa huelga, programada inicialmente por 48 horas pero que puede prolongarse, por culpa de las elecciones a celebrarse la semana próxima, hasta el 22 de agosto, tendrán el tupé de proclamar a los cuatro vientos que se ha tratado de otra exitosa jornada de protesta en pos de sus justas reivindicaciones, sin reparar ni por un segundo en que ese “éxito” ha sido en gran parte el responsable del ostensible fracaso de la educación pública dominicana.

Campaña sucia

  Entre las muchas cosas que se han echado en falta, a propósito de las acusaciones de recurrir a la campaña sucia que se enrostran mutuamente las principales fuerzas políticas que habrán de contender en el próximo torneo electoral, está una definición clara, con parámetros perfectamente definidos, de lo que puede considerarse como tal, a lo que podría contribuir la Junta Central Electoral como responsable de la organización del proceso. Si las reglas para promover candidatos o, en su defecto, para criticar a los contrarios no están claras, ceñidas a un marco previamente reglamentado que garantice el respeto y el mantenimiento del debate político dentro de los límites de la decencia, será imposible evitar que nuestros políticos recurran a todas las armas disponibles para liquidar moral o políticamente a sus adversarios. Y nos ahorraríamos, de paso, todos esos pactos cívicos que tan mal parada dejan nuestra institucionalidad.