En estos días hacen mas falta que nunca los alrededor de quince mil agentes policiales que andan por ahí cumpliendo tareas muy ajenas a las necesidades del momento -la persecución de los delincuentes y la preservación de las vidas y bienes de los ciudadanos-, como lo demuestra el hecho de que el presidente Fernández anunciara el envío a las calles, a labores de patrullaje, de cuatro mil nuevos agentes así como el retorno a los cuarteles de todos los que prestan servicio en instituciones públicas, incluído el Cuerpo de Ayudantes Militares, como parte de las medidas conque el gobierno pretende contener la delincuencia. Ojalá pueda un decreto presidencial, en el país más presidencialista del mundo, lo que no pudo la tozudez y determinación del doctor Franklyn Almeyda, secretario de Interior y Policía, ni las diligencias del jefe de la Policía Nacional, el mayor Bernardo Santana Páez: poner a trabajar a todos esos policías en lo que más se les necesita y para lo que se les paga puntualmente un salario -poco o mucho- todos los meses.

Supervivencia

  Recibidas con el beneplácito general, las medidas contra la delincuencia anunciadas por el gobierno se enfrentan ahora con el escepticismo de la población frente a la capacidad de las autoridades de hacerlas respetar, sobre todo con el rigor y la consistencia necesarias para que puedan cumplir sus propósitos. Por eso es tan importante, para que las cosas funcionen, que la población se integre, que haga conciencia de la necesidad de tomar las medidas que sean necesarias para contener la bestia desbocada en que se ha convertido la delincuencia, aunque eso suponga molestias y cambiar algunos hábitos de diversión. Habrá que contar, desde luego, con las resistencias de siempre, hijas más que nada del criollísimo síndrome del chivo sin ley que ha propiciado la falta de autoridad y el relajamiento de la ley, pero eso no puede ser obstáculo para una sociedad obligada a luchar por su supervivencia.

Armas ilegales

  Prohibir la importación de armas de fuego y municiones y disponer mayores controles sobre las empresas que se dedican a la venta de armas constituyen, definitivamente, un complemento indispensable si se esperan resultados concretos del plan de lucha contra la delincuencia que acaba de poner en marcha el Gobierno, que si bien no llena las expectativas de quienes, como el padre Luis Rosario y su Pastoral Juvenil, aspiran a un desarme total de la población civil como remedio radical al problema, por lo menos ataca de manera directa una de sus fuentes primarias. De todas maneras hay que presumir que a esos nuevos controles del mercado legal de armas corresponderá un esfuerzo mayor, preferiblemente por partida doble, en la persecución del mercado ilegal de armas que tan activamente funciona en el país y que se alimenta a través de la frontera con Hatií, por donde entra todo tipo de armamento y sobre todo las «armas largas» que con tanta frecuencia exhiben los delincuentes que nos aterran con sus asaltos y atracos en cualquier momento y donde menos lo estamos esperando.