Los organismos de seguridad del Estado, al igual que la Policía Nacional, están en conocimiento desde hace tiempo de la existencia en el país de bandas que se dedican a ofrecer determinados «servicios» al narcotráfico tanto criollo como internacional, que van desde un secuestro, como una forma de cobrar compulsivamente una deuda de drogas o un «tumbe», hasta la ejecución pura y simple de aquellos que violentan las implacables reglas del crimen organizado, a quienes se cobra con la propia vida la osadía de ir contra una corriente tan peligrosa. Culpas son -para variar- de los globalizados tiempos que nos ha tocado vivir, donde también el crimen se globaliza y exporta sus «modelos», pero no hay dudas de que hemos puesto de nuestra parte para poder estar a la altura de tales «avances». La Policía acaba de anunciar el desmantelamiento de una de esas bandas, a la que atribuye la autoría del secuestro del joven Michael Abreu, de 19 años, para cobrar una deuda contraída en Estados Unidos, pero se dice también que entre la última camada de extraditables solicitada por las autoridades norteamericanas hay varios compatriotas a los que se acusa de trabajar como asesinos por encargo. Un simple ejercicio de sentido común permite llegar fácilmente a la conclusión de que esos no pueden ser los únicos grupos que se dedican a ofrecer, al mejor postor, esa clase de «servicio», sobre todo en un «mercado» que ha probado ser tan competitivo como el nuestro. Que Dios nos coja confesados.

La ley entra por casa

¿Cuántos vehículos de lujo, sobre todo yipetas de alto consumo, utilizan gas propano como combustible? Esa respuesta, probablemente, no la conozca nadie, mucho menos en un país donde escasean las estadísticas, pero sea cual sea la cantidad se puede apostar, sin temor a equivocarse, que se trata de una cifra considerable, de otra patente prueba de las distorsiones que ha ido acumulando el subsidio del gobierno al gas propano, aparentemente con las horas contadas. La amarga lección que debemos sacar de todo esto, que algunos sectores quisieran convertir en un problema de gobernabilidad, es que ha sido el gobierno -tanto este como el anterior- el responsable de todas esas distorsiones, al generalizar un subsidio que la ley de hidrocarburos siempre ha limitado al uso doméstico. Y todo porque el Estado dominicano, o mejor dicho quienes han actuado en su nombre, han sido incapaces de entender, antes y ahora, que la ley debe entrar primero por casa.

De sábanas y encuestas

Hace algunas semanas esta columna dio a conocer, a manera de «avance», algunos resultados de los sondeos de opinión de Ana María Acevedo, la tradicional encuestadora del Partido Revolucionario Dominicano, donde se reflejaba por dónde andaban las simpatías de los perredeístas a propósito de la convención celebrada el pasado domingo. Esos resultados, como era fácil prever en un partido donde hay mucha gente que si no anda con un cuchillo en la boca esconde un serrucho debajo de la manga, no cayeron nada bien entre algunos de los candidatos que no fueron favorecidos por esos «avances», por lo que de inmediato llovieron las descalificaciones con vocación de insulto. Sucede, sin embargo, que la señora Acevedo no andaba tan descaminada como hubieran querido sus detractores de entonces. Anticipó, desde el principio, el virtual empate entre Ramón Alburquerque y Virgilio Bello Rosa, que finalmente llegaron prácticamente «cabeza con cabeza», pero también acertó al señalar el amplio margen que separaba a Orlando Jorge Mera de Guido Gómez Mazzara, que terminó siendo considerable. Todas las derrotas producen ronchas y resquemores, pero de eso no puede culparse a una encuesta o a la encuestadora que fue capaz de anticiparla, como nadie puede culpar a la sábana de la fiebre que consume la vida del enfermo.