Dicen que la costumbre hace ley, pero eso no la convierte en un “derecho” que se pueda invocar en el caso del mayor general Adán Cáceres Silvestre, enviado ayer a Najayo acusado de encabezar una red que habría defraudado al Estado por mas de tres mil millones de pesos, rompiendo la “costumbre” que mandaba enviarlo a cumplir los 18 meses que le impusieron como medida de coerción a un recinto militar junto a los que han sido señalados como sus cómplices; el cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza, y el sargento Alejandro Montero Cruz.

Mucho menos después de que el mayor Raúl Alejandro Girón nos recordó lo que son las cárceles militares, por lo que hospedar en sus cómodas habitaciones a los imputados habría sido un insulto a la justicia, pero sobre todo a una sociedad hastiada de la impunidad conque se ha premiado a los corruptos.

Que se haya convertido en un debate, en una discusión pública, que la jueza Kenya Romero los enviara a una cárcel de nuestro sistema penitenciario simplemente es otra muestra de nuestro atraso institucional y pobre cultura democrática.

Porque solo en las dictaduras, como la de Trujillo que hoy muchos repudian pero que otros tantos mantienen vigente con su forma de actuar y pensar, un uniforme militar convierte a su portador en un ciudadano con privilegios, entre ellos respetar la ley solo cuando conviene y poder apropiarse de la riqueza pública sin consecuencias. Haberle permitido a las cúpulas militares que se enriquecieran a costillas del Presupuesto Nacional, dizque para que no den un golpe de Estado, ha sido un mal negocio para esta sociedad.

Que no tiene porqué seguir pagando un precio tan alto por sus servicios a la Patria, que muchos han convertido, al amparo de sus uniformes, en un gran negocio que les ha permitido amasar grandes fortunas que le estrujan en la cara a este pobre y jodido país donde faltan tantas cosas por hacer.