La muerte a tiros, en medio de una disputa entre sindicalistas del transporte, del segundo teniente de la Policía Nacional Jacobo Núñez de la Cruz, habrá que cargársela a la cuenta del sindicalismo violento y desalmado que, al amparo de la desidia cómplice de las autoridades, se adueñó de nuestras calles, que han convertido en rutas cuya «propiedad» se muestran dispuestos a defender hasta con sangre, como desgraciadamente ha ocurrido ya tantas veces. Lo peor de todo es que no hay muchas esperanzas de que esas cosas dejen de pasar en este país, pues los gobiernos que nos hemos gastado -incluido este, por supuesto- han renunciado a su derecho a exigirle a los sindicatos del transporte y sus dirigentes que respeten las leyes al igual que hacemos el resto de los mortales.

Comisiones

Dicho sea sin tapujos: no hace falta ser miembro de una comisión especial, designada por la jefatura de la Policía Nacional, para saber en qué consisten las «debilidades» que muestran sus agentes en la lucha contra la delincuencia en determinados barrios, como se han cansado de denunciar sus impotentes moradores sin que hasta el momento se les hiciera el menor caso. Lo primero con lo que esa comisión se encontrará, siempre y cuando pregunte a la gente adecuada, es que en muchos barrios esa «debilidad» se traduce en una abierta, conocida y poco disimulada complicidad entre delincuentes y agentes del orden, de la que unos y otros obtienen pingues beneficios. De todas maneras hay que darle a esa comisión, que encabeza el general Rafael Calderón Efres, la oportunidad de demostrar que puede cumplir a cabalidad la encomienda de su comandante, confiando en que no adolezca de las mismas debilidades que han caracterizado a tantas comisiones investigadoras desde que Joaquín Balaguer descubrió que eran una excelente forma de distraer a la opinión pública.

Renuncias

Tal vez tenga poco sentido empezar a rastrear el origen del problema, dónde empezó todo, a la altura en que está el conflicto entre la Junta de Vecinos de la Ciudad Colonial y la Asociación de Comerciantes de la calle El Conde, a causa del aumento «desproporcionado» de la tarifa que se cobra a los usuarios del parqueo municipal de la José Reyes. Alguien tiene que tomarse la libertad de recordar, sin embargo, que el ayuntamiento del Distrito Nacional renunció hace años a la administración de ese parqueo, una obra construída «con vocación social, no comercial», como recordaba el otro día una de las vecinas quejosas por el aumento de la tarifa, con lo que el cabildo renunció también a la vocación natural de cualquier gobierno municipal que aspire a cumplir mínimamente con sus obligaciones: administrar los bienes propiedad de la comunidad, es decir la ciudad en la que vivimos, al tiempo de velar por los mejores intereses de sus munícipes.