Cuando ocurra lo que nadie, salvo los insensatos, quiere que suceda, los organismos internacionales que nos tienen en la mira, así como los países amigos (pero de lejito) de Haití, nos pondrán en las cuatro esquinas del mundo, y todo porque nuestras autoridades se han mostrado incapaces de reaccionar a tiempo y con la debida firmeza para contener la incontrolada inmigración haitiana y  las  tensiones sociales que la acompañan, que de este lado de la frontera –es el momento de decirlo– están a punto de provocar un baño de sangre. Lo que pasó el pasado lunes en Pedernales, donde el Gobierno se vio forzado a enviar un contingente  de tropas del Ejército para apaciguar los ánimos  soliviantados de sus residentes tras el asesinato de una pareja de esposos a manos de dos haitianos  que huyeron  hacia su país, es tan solo otra señal de alerta, otro recordatorio de que   tiene que asumir con seriedad y sentido de urgencia el problema. El Gobierno no podía darse el lujo  de permitir, como estuvo a punto de ocurrir en Pedernales, que una  turba sedienta de sangre y venganza suplante su  autoridad, ni que  tome la justicia por su propia mano. ¿Pero qué pasará cuando esas tropas  regresen  a sus cuarteles? ¿Están seguros los haitianos que regresen a Pedernales?  ¿Entregarán las autoridades  haitianas a los  fugitivos para que sean juzgados en República Dominicana? Son preguntas que, al menos por ahora,  se quedarán en el aire, pero en lo que llegan las respuestas debemos poner atención a lo que está ocurriendo con la masiva presencia haitiana en territorio dominicano,  sobre todo la que desafía abiertamente nuestras leyes, como los responsables del  asesinato  de la pareja de esposos de  Pedernales que estuvo al tris de degenerar en una matanza, o los    que ayer en Guayubín hirieron   de un balazo a un raso del Ejército  para despojarlo de la motocicleta en la que realizaba labores de patrullaje, según el “parte del día”  de la Policía de Montecristi.