El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, no es el único que ha visto algo «raro» en la violación de dos jovencitas, de 12 y 15 años de edad, en presencia de su propia madre, tras ser secuestradas a punta de pistola frente a las puertas de una céntrica plaza comercial capitaleña. Al funcionario le ha llamado profundamente la atención la naturaleza viciosa, gratuita, del delito, así como el desparpajo conque actuaron sus perpetradores. Lo que el doctor Domínguez Brito no ha querido decir, acogiéndose a la prudencia a la que le obliga su cargo, es lo que ya está en la mente de mucha gente, pues cada vez son más numerosos los convencidos de que la oleada de hechos delictivos de las últimas semanas, completamente fuera de proporción para los que han sido -hasta ahora- nuestros parámetros, no han sido fortuitos sino producto de una bien planeada ofensiva «criminal», con propósitos muy específicos: poner en jaque a la actual jefatura policial, desbordarla, hacerla saltar. Las razones de esta emboscada contra el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y de paso contra la frágil seguridad ciudadana, no solo están a la vista de todo el mundo sino que tampoco sorprenden, pues no es la primera vez que las tensiones internas de nuestra institución del orden repercuten de tan mala manera en la sociedad a la que se supone sirve y protege.

Ojo con eso

A pesar de que la ciudad fue virtualmente tomada por las tropas policiales del Grupo de Acción Rápida (GAR), que desataron una feroz cacería hasta dar muerte a uno de los asesinos del periodista Juan Andújar, el tigueraje de Azua se las arregló ayer para distribuir intimidantes pasquines entre la población, en los que reiteraron su amenaza de muerte contra el corresponsal de este diario Juan Núñez, y anunciaron el envenenamiento de las aguas que sirve el acueducto. El contenido de los pasquines, lógicamente, desató el pánico de una población que ya ha visto demasiada violencia, y que precisamente por eso está muerta de miedo. Ojalá solo se trate de una bravata sin mayores consecuencias -como, efectivamente, se comprobó posteriormente-, pero después de lo ocurrido hace unos días en Salcedo, donde unos encapuchados arrojaron aceite de motor dentro de la planta de tratamiento de agua potable, no estaría de más reforzar la vigilancia de nuestros acueductos, antes de que ese tigueraje que anda por ahí, que da para cualquier cosa, cometa una barbaridad que tengamos que lamentar toda la vida.

En mal momento

No podían llegar en peor momento. Y aunque se nos diga, invocando las estadísticas, que su incidencia en el dramático aumento de la criminalidad que hemos padecido en los últimos años, es inevitable llenarse de aprensión con la noticia del arribo al país de otros 65 ex convictos dominicanos, todos con expedientes criminales, que vienen a completar la inquietante cifra de 3,847 compatriotas a los que el sistema penitenciario norteamericano ha decidido, por razones económicas, «dar de alta» y regresar a su país de origen. ¿Qué porcentaje de esos repatriados ha podido reinsertarse, productivamente, a una sociedad que los rechaza, negándole la oportunidad de una nueva vida? Eso, con certeza, nadie puede afirmarlo. Lo que sí puede decirse, sin temor a equívocos, es que muchos de esos ex convictos no se dejarán morir de hambre, pues tarde o temprano cederán a la tentación de recurrir al oficio que aprendieron tan bien en tan buena escuela. ¡Que Dios nos proteja!