Si hay algo que no ha podido pasar por alto la opinión pública, a propósito de los desórdenes promovidos por federaciones de  transportistas en protesta por la sentencia que condenó a varios de sus dirigentes por sus implicaciones en la estafa contra el Estado dominicano a través del Plan Renove, ha sido la tímida respuesta oficial, pues poco faltó para que las autoridades responsables del orden público felicitaran a sus promotores por sus muestras de civismo y respeto a la propiedad pública y privada. Es probable que la sorpresiva protesta de los transportistas, que se produjo de manera simultánea en varios pueblos del interior del país, cogiera fuera de base a las autoridades, notoriamente desbordadas por la capacidad de alterar el orden público de los revoltosos, pero la advertencia -con tono de amenaza- hecha ayer por el empresario Blas Peralta de que no habrá paz en el transporte de carga y de pasajeros hasta tanto no se haga “justicia” con el Plan Renove merece una respuesta del gobierno más contundente que la ofrecida hasta ahora a los desmanes -como dicen por ahí- de “los dueños del país”.

Una pregunta

  Alguien en el gobierno debería ofrecer una explicación, eso sí que suene convincente, sobre lo que está ocurriendo en la Dirección General de Bienes Nacionales, donde 417 de sus empleados llevan casi tres meses sin cobrar sus salarios. Y debe hacerlo porque se trata de la misma institución que de manera subrepticia, en un acto de dudosa legalidad y absoluta falta de transparencia, traspasó sus principales atribuiciones como entidad pública a una empresa privada. ¿Ha dejado esa privatización en una indigencia tal a Bienes Nacionales que no tiene conqué pagar sus salarios? ¿Han quedado esos empleados sin funciones o deberán seguir esperando el milagro que haga aparecer de la nada sus salarios? Esas y muchas otras preguntas mas surgen alrededor de esa privatización y sus implicaciones para sus actuales empleados, que ignoran en qué pie están parados, pero la más urgente de responder sigue siendo esta: ¿quién le regaló la Dirección General de Bienes Nacionales a los peledeístas y su gobierno para hacer ahí lo que les de la gana y ni siquiera ofrecer explicaciones?

El reglamento

  Una vez aprobado en el ayuntamiento del Distrito Nacional el Reglamento Para el Servicio de Manejo de los Residuos Sólidos Municipales no Peligrosos, que contempla sanciones de tres a cien salarios mínimos -dependiendo de la infracción- a quienes violen sus disposiciones arrojando desperdicios a las calles y lugares prohibidos, hay que rogar para que entre cuanto antes en vigencia para ver si es verdad que acabará con la improvisación en el servicio de la recogida de basura. Si el cabildo capitaleño lograra aplicar, al pie de la letra, ese reglamento, podría contar con una importante fuente de recursos, siempre necesarios para una administración edilicia con la carpeta llena de proyectos, pero podría también devolverle a la Ciudad Primada de América el esplendor, el orden y la limpieza que tal distinción merecen.¡Manos a la obra!