Los comerciantes mayoristas de San Francisco de Macorís acaban de tomar una decisión que, dadas sus implicaciones, no puede ser pasada por alto, sobre todo por parte de las autoridades responsables de velar por el orden público y garantizar la salvaguarda de vidas y propiedades, entiéndase la Policía Nacional que hoy dirige el mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez: cerrar sus negocios a partir de las 7:00 de la noche, un «toque de queda voluntario» que busca, más que nada, proteger sus vidas y negocios de la delincuencia que opera completamente a sus anchas en esa ciudad. Eufemio Vargas, principal dirigente de los mayoristas, se queja de la facilidad conque obtienen su libertad en la justicia personas a las que se acusa de la comisión de robos y atracos, situación que se agrava -asegura- por la insuficiente cantidad de agentes disponibles para combatir una criminalidad que ha desbordado por mucho la capacidad de la policía para enfrentarla. Permitir que el toque de queda voluntario de los desesperados comerciantes de San Francisco de Macorís se convierta en permanente no solo supondría una severa derrota al principio de autoridad que debe primar en toda sociedad organizada, sino que se convertiría también en un pésimo precedente que terminará pesándonos a todos.

Discrepancias

A lo mejor no es lo que a simple vista parece, pero no es posible, para un atento observador del panorama político nacional, ignorar la discrepancia entre el doctor Rafael Suberví Bonilla, secretario general del PRD, y el Senado de la República, en torno al «arreglo» gracias al cual la bancada perredeísta se compromete -en nombre de la gobernabilidad, desde luego- a la aprobación de importantes proyectos que tiene en carpeta el Poder Ejecutivo. Mientras los ayer rebeldes senadores anuncian, a través de sus principales voceros, que la semana próxima se aprobarán los proyectos pendientes, entre ellos los bonos destinados a la capitalización del Banco Central y el Banco de Reservas, Suberví recurre a su mejor discurso de barricada para pedirle a sus compañeros senadores que el boicot debe mantenerse «hasta que el presidente propicie la gobernabilidad». ¿Falta de sintonía o simple ejercicio de independencia legislativa? Se lo dejamos de tarea.

Causa y efecto

La Guardia Costera de los Estados Unidos informó ayer, desde San Juan Puerto Rico, que ha detenido a más de 500 indocumentados en los últimos días, en su mayoría dominicanos, cuando pretendían ingresar de manera ilegal a esa isla. Si es verdad, como aseguran algunos teóricos del patio, que existe una relación directa, casi de causa efecto, entre el flujo migratorio ilegal hacia la vecina isla, a través del Canal de La Mona, y la situación económica del país, no queda más remedio que concluir que, a pesar de las optimistas proclamas del gobierno y la mejoría de los índices macroeconómicos, la gente prefiere salir en busca de mejores oportunidades de vida más allá de nuestros insulares horizontes. Cuestión de simple supervivencia.