Mientras encontramos las explicaciones que nos permitan entender cómo fue posible que el ex capitán del Ejército Nacional Quirino Ernesto Castillo, a quien las autoridades responsabilizan por el alijo de 1,387 kilos de cocaína incautados en los alrededores de Los Alcarrizos, llegó hasta donde llegó delante de las narices de todo el mundo y sin que nadie, aparentemente, se diera por enterado, tal vez sea oportuno valorar las implicaciones de lo declarado por la diputada reformista por Elías Piña, Agnes Berenice Contreras, quien confesó a una reportera de este diario que hace una par de años denunció la complicidad entre el narcotráfico y miembros del Ejército Nacional en su provincia, pero que desistió de esas denuncias acogiéndose al sabio consejo de sus colegas legisladores, que le recordaron la forma en que murió el senador por Santiago Rodríguez Darío Gómez. No hubo que darle el consejo dos veces.

Los inspectores

Como era de esperarse, ninguno de los cincuenta y tantos oficiales retirados y activos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a quienes se encomendó, en calidad de inspectores, fiscalizar la venta y distribución de fuegos artificiales, pudo evitar la espectacular explosión de una caseta dedicada a su venta en una de las principales avenidas de la ciudad. Y todo por no hacer las cosas como manda el librito, pues en lugar de improvisar de un día para otro un cuerpo de inspectores sin recursos ni capacidad operativa para realizar su trabajo, lo que correspondía era -simplemente- hacer cumplir la disposición de la Comisión Nacional de Emergencias que prohíbe la venta de fuegos artificiales en espacios abiertos, sin las adecuadas medidas de segurida, que eviten precisamente lo que acaba de ocurrir en la 27 de Febrero esquina Privada, pues solo por un milagro de Dios no tenemos hoy una terrible desgracia que lamentar.

Entre poderes

Parece que algunas cosas no quedaron muy claras a pesar de la prolongada e intensa negociación entre el Palacio Nacional y la Cámara de Diputados que hizo posible la aprobación, en una maratónica sesión que concluyó en horas de la madrugada, del proyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos por un monto de RD$206 mil millones de pesos. La decisión de los diputados de retener la pieza, que deben conocer también los senadores, hasta tanto el Poder Ejecutivo honre los compromisos contantes y sonantes que asumió con los legisladores que auspician fundaciones y ONGs, pone en evidencia, de manera vergonzosa, el envilecimiento al que ha llegado la relación entre dos poderes del Estado que se entiende fundamentales para cualquier democracia.