”Las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la corrupción en el gobierno, incluido el sistema judicial, continúe limitando las inversiones exitosas…” El párrafo anterior, contenido en el informe sobre inversión extranjera del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicado ayer, debería ser leído con atención por el vocero del PLD en el Senado, Yván Lorenzo, quien hace unos días sorprendió al país y al resto del mundo al afirmar que los procesos por corrupción contra exfuncionarios del pasado gobierno proyectan una mala imagen del país y afectan la inversión extranjera.

Tan pobre defensa puso en evidencia la falta de argumentos de los peledeístas para criticar los procesos que cursan en los tribunales más allá de declararse victimas de persecución política, de la que se abusó tanto que perdió utilidad, pero también lo difícil que les resultará librarse de un pesado lastre, tanto que podría impedirles levantar la cabeza en mucho tiempo.

Y es que no hay forma de que el PLD, que gobernó el país 16 de los últimos 17 años, pueda eludir su responsabilidad en la situación que describe el informe del Departamento de Estado, en el que advierte a sus inversionistas sobre la “corrupción generalizada” a la que se enfrentarán si deciden hacer negocios aquí.

Para el resto del país tampoco será fácil librarse de esa herencia maldita, pues no hubo instancia administrativa del Estado que no haya sido tocada por la podredumbre institucionalizada en que devino la corrupción peledeísta, como acaba de quedar evidenciado con la operación Medusa y el entramado criminal que operaba en la Procuraduría General de la República bajo la férrea batuta de Jean Alain Rodríguez.