CLAUDIO ACOSTA
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Cuando la comisión mixta partido-gobierno llegó el pasado martes al mediodía a la sede de la Junta Central Electoral, a donde acudió a defenderse de las acusaciones sobre la existencia de  nóminas clandestinas en varias dependencias del Estado destinadas al pago de la militancia peledeísta, se encontró con una desagradable sorpresa.

Abordados por los periodistas que, ansiosos, querían conocer su reacción a una noticia recién salida del horno, los comisionados –encabezados por Temístocles Montás y Reynaldo Pared Pérez– no podían dar crédito a sus oídos: la  Cámara Administrativa acababa de ordenar, mediante resolución, el cese inmediato del pago de las nóminas que no correspondan a las remuneraciones y salarios por servicios regulares prestados por empleados y funcionarios.

¿Qué sucedió? Que el órgano  que preside el doctor Roberto Rosario avaló con su decisión la denuncia hecha por  Nuria Piera sobre las llevadas y traídas nominillas,  que la oposición política y otros sectores de la vida nacional han enarbolado como bandera de lucha para presionar a una JCE    que, hasta ese momento, no se había  mostrado muy diligente a la hora de cumplir con su responsabilidad de arbitrar, con la autoridad de la que se supone  investida, el proceso electoral. Fue así como  los comisionados se enteraron de la primera derrota política de importancia que recibe en mucho tiempo el gobierno y el proyecto reeleccionista,  hasta ahora  caminando sobre rieles y sin mayores obstáculos hacia sus objetivos. Paradójicamente, no ha sido  una victoria de la que pueda vanagloriarse una oposición política que actúa a la defensiva gracias al despliegue de recursos, de toda índole, del que se ha valido el neo-reeleccionismo anidado en el Palacio Nacional,  sino de lo que podría llamarse, con toda propiedad, el “frente interno”, aunque ese frente esté aparentemente vencido, retirado o neutralizado luego de la aplastante derrota que sufrió en el proceso interno  y que sacó del camino al licenciado Danilo Medina. Puestas así las cosas resulta relativamente fácil deducir el nombre con el que  bautizaremos este nuevo capítulo del culebrón electoral dominicano, al que la decisión del organismo electoral ha dado un giro interesante e inesperado: La Venganza de Danilo.