Destruir la credibilidad de la Junta Central Electoral no es buen negocio para nadie que diga creer en la democracia, mucho menos para los partidos políticos que participarán en las elecciones del 2020, que deberían ser los mas interesados, después del propio organismo electoral, claro está, en preservar la integridad y respetabilidad del árbitro que administrará el proceso y dará a conocer sus resultados, que inevitablemente complacerán a unos y disgustarán a otros. Eso es bueno recordarlo a propósito del mal momento por el que atraviesa la JCE, que ya se está describiendo como “crisis de credibilidad”, el peor diagnóstico que podría recibir faltando apenas nueve meses para las elecciones municipales y un año para las presidenciales. ¿Pero hasta dónde ese mal momento o crisis de credibilidad representa una amenaza para el proceso electoral, el sistema de partidos y la propia democracia dominicana? Quien en estos días lee los titulares de los periódicos o se asoma al hervidero de las redes sociales puede tener la perturbadora impresión, no necesariamente falsa, de que la JCE se encuentra acorralada por sus propias decisiones y el rechazo que estas han provocado en su principal interlocutor, los partidos políticos, que han acudido en trulla a los tribunales de justicia para tratar de anular su resolución sobre el voto de arrastre. Por supuesto, eso no tiene porqué ser malo sino todo lo contrario, pues por algo y para algo están ahí el Tribunal Superior Electoral, el Superior Administrativo y el Constitucional. Pero que la JCE, por negarse a rectificar y sacar a tiempo la pata, permita que sean esos tribunales los que decidan la suerte de esa decisión, que ha recibido el rechazo unánime de los partidos, la comunidad jurídica y la sociedad en sentido general, entraña un gran riesgo para su credibilidad y su autoridad que sus miembros no debieron asumir sabiendo todo lo que está en juego.