La revelación de que el gobierno desestimó la ayuda pedida a Estados Unidos para sofocar los incendios en la Cordillera Central por entender que el requisito de que se declarase al país en estado de emergencia podría perjudicar al turismo traerá, inevitablemente, algunos cuestionamientos, empezando por los que argumentarán que se perdió un tiempo precioso -se dice que hubo que contactar a por lo menos ocho países en busca de ayuda alternativa a la norteamericana- de cara a los esfuerzos por evitar la destrucción de importantes zonas boscosas del principal sistema montañoso y orográfico de la isla. ¿Hasta dónde esa decisión puede ser responsable de lo que especialistas locales califican como la más severa catástrofe ecológica de los últimos veinte años? En lo que se conoce la respuesta a tan incómoda pregunta, el fuego en la cordillera, que ha consumido en veinte días poco más 100 mil tareas, continúa su voraz faena destructora.

…Y una denuncia

Para complicar aún mas las cosas la revelación se produce en medio de la percepción generalizada, de la que ya se han hecho eco las agencias internacionales de prensa, de que los fuegos en la cordillera no han sido manejados adecuadamente por las autoridades, empeñadas desde el principio en ofrecer la falsa impresión de que todo lo tienen «bajo control», cuando en realidad lo que se ha puesto en evidencia, de manera penosa, es que el país carece de recursos y equipos apropiados para enfrentar fenómenos de esa naturaleza. Para colmo El Nacional trajo ayer la denuncia, que alguien de la secretaría de Medio Ambiente debería aclarar cuanto antes, de que técnicos de esa cartera, que han costado al Estado dominicano tiempo y recursos formar, han sido reemplazados por personas sin ninguna preparación que, en muchos casos, solo pasan por esa secretaría los días de pago.

¿Batalla perdida?

La noticia no puede ser peor: una escuela, donde reciben docencia 700 niños, acaba de cerrar sus puertas «de manera indefinida» debido a los continuos tiroteos, robos y atracos que se producen en la zona, así como a la existencia de activos puntos de venta de drogas que operan abiertamente en sus alrededores. Residentes de la Loma del Chivo, en el barrio 27 de Febrero, han preferido cerrar la escuela a correr el riesgo de que, a causa de los frecuentes tiroteos entre bandas rivales, pudiese morir o salir mal herido cualquiera de los niños. Depende ahora de la Policía Nacional, o la autoridad que se sienta competente, el que declaremos el cierre de la escuela Piloto de Loma del Chivo como otra batalla perdida en la desigual guerra que esta sociedad libra contra la delincuencia.