Se acepta que el Poder Ejecutivo pusiera distancia de la invitación que trajo al país al experto en reforma constitucional venezolano Allan Brewer Carías. Se trató de un huésped que vino a iniciativas del Senado a dictar charlas y que adicionalmente acudiría a los salones de la Fundación Democracia y Desarrollo (Funglode) para abundar en su especialidad. Con prudencia, pero también como si temblara de miedo, el oficialismo canceló de súbito esa actividad, conmovido seguramente por el vocerío armado por la diplomacia venezolana en el país que tiene portavoces propios y anexados. Sostuvieron que Brewer tiene cuentas pendientes con la justicia allá en Caracas bajo cargos de participar en un intento de golpe de Estado al presidente Hugo Chávez. El que Brewer fuera invitado para hablar de reforma constitucional viene ahora a parecer imprudente en aras de la buena marcha de las relaciones con un Estado amigo, pero nadie puede suponerle mala fe a la presidencia de la Cámara Alta por haber dado ese paso. Además el hecho de que el invitado esté sometido a la justicia no lo desautoriza a hablar de lo que habló (aunque no pudo hacerlo en el Funglode que se dejó aterrorizar) y no se puede afirmar que sus derechos como teórico de leyes y de política están suspendidos legítimamente por un encauzamiento que podría tener mucho de intolerancia en un país como Venezuela en el que tanto la oposición como los que gobiernan están radicalizados y donde rige un liderazgo oficial con ínfulas continentales de anti imperialismo. Un régimen que reivindica el socialismo que encarnó la URSS del unipartidismo y de la falta de libertades individuales.
Horror de ayer a hoy
Algunos episodios sangrientos que llegan al primer plano en República Dominicana no pueden ser más preocupantes y subrayan una diferencia con los hechos de la misma naturaleza que se produjeron durante el período de gobierno anterior. Los homicidios del presente, con características de ejecuciones por encargo, están poniendo fin a la vida de gente que en su desempeño como funcionarios públicos exhibían conductas descritas como inobjetables o de conflicto con intereses particulares y cuestionables. Ahí están los casos de un gerente aduanal asesinado a la entrada del túnel de la autopista las Américas meses atrás, y ahora la eliminación física del señor Angel Christopher, alto funcionario de Aeronáutica que se destacaba por su rectitud. Agreguemos la balacera que segó la vida de un mayor de la Fuerza Aérea en diciembre, motivada aparentemente por cuestiones personales pero en la que funcionó la mecánica de sicarios que ponen desalmadamente precio barato a la vida humana bajo algún escudo de impunidad. La diferencia con el cuatrienio anterior estriba en que los profesionales de la muerte que surcaban el territorio nacional concentraron su acción de suprimir vidas sobre personas que luego eran asociadas a graves ilicitudes y lavado de activos o que por lo general habían logrado, de manera fija o transitoria, la protección que les brindaban investiduras oficiales, ya fuera como ayudantes civiles de la Presidencia o como miembros de las Fuerzas Armadas.
El país no está en eso
Como que no hay ambiente para embarcar ahora a múltiples corrientes de opinión pública en un debate hacia los posibles perfiles de una eventual reforma constitucional, y menos siguiendo una vía con consulta popular a la que se resisten amplios sectores que se mantienen prefiriendo el recurso de la Constituyente, fieles a una fórmula que el presidente Fernández era el primero en proponer antes de dar un giro de 180 grados, el mismo que se da cuando se pasa de estar abajo a estar en las mieles del poder. ¿Por qué ese afán de poner a todo el mundo a hablar del marco constitucional que nos rige cuando la sociedad lo que está es al grito porque ni siquiera tenemos un marco de leyes adjetivas y cuerpos policiales que le permitan al ciudadano estar en la calle con un mínimo de seguridad? ¿Por qué debatir la ley de leyes si el país está trancado en cuestiones legales ordinarias, sin el funcionamiento de la seguridad social a plenitud? ¿Para que situar la atención de la nación sobre la Carta Magna si las cartitas o leyes de menor alcance, como la que obliga al Estado a dedicar un porcentaje mínimo del Presupuesto a la Educación es letra muerta, lo mismo que la que debería regir las asignaciones a la UASD? Distraer a la nación de lo elemental y de situaciones que cuestan tantas vidas y bienes como las que tienen que ver con la delincuencia y la ausencia de controles al caos del tránsito porque las leyes al efecto no funcionan o no existen, es sumamente peligroso porque podría distraer la atención y la energía que esos males reclaman.