No quiero resultar repetitivo y machacón, pero como ha vuelto a suceder, y de la manera más “normal”, vale la pena insistir en que el Gobierno, desde sus más altas instancias, les recuerde a los funcionarios, a todos los niveles, su obligación  de respetar la ley y cumplir con los procedimientos y permisos que manda y requiere para cada caso. El fin de semana se armó un alboroto grandísimo en la Plaza de la Cultura, que las redes sociales recogieron y amplificaron, luego de que obreros que trabajan en la remodelación del Museo de Historia y Geografía empezaron  a talar los grandes árboles de su entorno. En medio del reperpero y lo que parecía una orden de tierra arrasada  se presentó al lugar  una comisión del Ministerio de Medio Ambiente   requiriendo el permiso correspondiente, pues no habían sido notificados sobre la tala. Como el permiso no apareció a pesar de que los encargados de los trabajos insistían en  que lo tenían, se ordenó de inmediato detener el arboricidio, como debería llamársele. No tengo dudas de que tratándose de una obra que el Gobierno  ejecuta a través del Ministerio de Cultura, y más que nada debido al  alboroto provocado en medios de comunicación  y redes sociales, el permiso tendrá que aparecer, pero así no tiene ningún mérito  ni se construye institucionalidad. Pues como señalé en otra columna sobre el mismo tema  se supone que la ley debe entrar primero por casa, y que los más interesados en que eso sea así son nuestros servidores públicos  porque son los llamados a  poner  el ejemplo. Lamentablemente, y con demasiada frecuencia,  eso no es así sino todo lo contrario, y si no que le pregunten al chofer del yipetón con placa  oficial que acaba de cruzar en rojo el  semáforo más cerca de usted.