Hoy 
Parece que la Policía Nacional empieza a considerar a Capotillo, utilizado como un laboratorio para poner a prueba el Plan de Seguridad Democrática que impulsa el gobierno, como zona liberada de los azotes de la delincuencia, tras la virtual ocupación policial del barrio, incluídos los magníficos Harleys Davidson que patrullan sus angostas calles y callejones.
Eso es lo que se desprende de las afirmaciones del mayor general Bernardo Santana Páez, jefe de la Policía Nacional, quien ya se jacta de que gracias «a la nano dura de la ley» Capotillo ha sido librado de la maligna y violenta plaga. Los vecinos de Capotillo, como era de esperarse, están felices con la inusual paz de que disfrutan en estos días inolvidables, pero de vez en cuando se preguntan, con el corazón encogido por el miedo a que la policía se canse de desandar sus calles y callejones, cuánto tiempo más durará el milagro antes de que vuelvan a despertar a la dura y terrible realidad.
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Justicia débil
El juez de la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, quien acaba de condenar a veinte y treinta años de prisión, respectivamente, a fray Meregildo Díaz y Diaz y al ex sargento Valentín Vicioso de Jesús por el asesinato de una joven pareja a principios de año, se condujo con gran firmeza a todo lo largo del juicio de fondo, al extremo de que en las dos últimas audiencias esa firmeza chocó de frente con las diligencias de los muchachos de la prensa, dispuestos siempre a estar donde no deben estar con tal de no llegar con las manos vacías a donde sus jefes.
La severidad de la que hizo galas el doctor Julio César Lara Ferreira puede encontrar una fácil explicación en razones de seguridad, algo perfectamente entendible tratándose de un proceso que ha lastimado tantas sensibilidades, lo que no puede decirse de los militares armados que aparecieron, en las primeras planas de los periódicos, escoltando al magistrado. Ignoramos si el juez tenía informes de que se produciría algún atentado contra su vida, el proceso mismo o los acusados; lo que sí es cierto es que son esas escenas, precisamente, las que contribuyen a consolidar la imagen de debilidad que todavía proyecta la justicia dominicana.
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La denuncia
La alta dirigencia del Partido Revolucionario Dominicano ha decidido utilizar los luctuosos acontecimientos de Piedra Blanca, en los que murieron dos regidores perredeístas y dos militantes del Partido de la Liberación Dominicana, como punta de lanza de una campaña internacional que utilizará la vasta red de relaciones políticas que ponen a su disposición la Internacional Socialista y la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL) para denunciar los supuestos planes del gobierno de liquidar, de manera antidemocrática, el control municipal que al día de hoy ostenta el PRD.
La misiva que firman Ramón Alburquerque y Fausto Liz, presidente y secretario de relaciones exteriores del perredeísmo, no solo denuncia la existencia de ese plan sino que advierte también sobre la posible ocurrencia de acciones similares o peores que las de Piedra Blanca, patrocinadas por el oficialismo, de cara a las elecciones congresionales y municipales del próximo año. Es difícil que una denuncia tan pobremente sustentada tenga alguna repercusión a nivel internacional, mucho menos si no aporta ninguna prueba de sus afirmaciones, pero no olvidamos que en política, con demasiada frecuencia, la verdad verdadera es lo que menos importancia tiene.
