Tal parece que se va a caer por su propio peso el préstamo de US$132.4 millones para la ejecución del Proyecto de Seguridad Ciudadana, duramente criticado por oneroso y poco transparente, sobre todo por la más reciente de esas críticas, nada más y nada menos que del licenciado Temístocles Montás, secretario Técnico la Presidencia, quien declaró incluso que pedirá al presidente Fernández, en nombre del equipo económico, retirarlo del Congreso Nacional para subsanar el error cometido. Toca ahora al mandatario, quien ayer designó un comisión para estudiar el controversial préstamo, decidir la suerte final de un contrato que ha dejado muy mal parada la vocación por la transparencia con la que tanto se llena la boca este Gobierno.

Buen negocio

  Para justificar el contrato suscrito entre el Estado dominicano y la Empresa Nacional para el Desarrollo (ENADE), bajo el fuego cruzado de quienes entienden se trata de una concesión graciosa en favor de unos particulares, la dirección de Bienes Nacionales señala el “atraso crónico” que arrastran desde tiempos ha sus registros, lo que impide ofrecer información actualizada y confiable acerca de la cantidad, localización y situación legal de los inmuebles patrimonio del Estado. Pero a medida que se van conociendo los detalles del contrato, del que ENADE se está beneficiando desde el mes de septiembre del 2005, más bien parece una buena forma de hacer negocios, con excelente rentabilidad, a costa de la debilidad congénita de nuestras instituciones.

Vandalismo

  El ingeniero Manuel Suárez, gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), denunció ayer en Santiago que diez personas electrocutadas, pérdidas estimadas en RD$5.5 millones, así como la desconexión de la energía en varias ciudades es el más reciente saldo de los robos de conductores y cables eléctricos por parte de bandas organizadas en el Cibao. Tan grave y preocupante es la cosa, según el ejecutivo de Edenorte, que al hospital periférico Rafael Castro, del sector Cienfuegos, le han robado los cables de suministro eléctrico ¡33 veces!, dejándolo sin energía en perjuicio de médicos, empleados y pacientes, con los riesgos que esto implica para su salud y sus vidas. Algo hay que hacer, y pronto, para atajar el vandalismo irresponsable y criminal que no sólo está provocando daños millonarios a las distribuidoras de energía eléctrica y empresas telefónicas, sino que se ha constituido también en un problema de seguridad pública, precisamente lo que menos nos hace falta.