El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), el doctor Julio César Castaños Guzmán, insiste en que el pleno del tribunal de comicios concluyó el conocimiento del   proyecto de reglamento de campaña que sometió a su consideración por la Cámara Administrativa, con lo que refuta declaraciones que hiciera, apenas 24 horas antes, el doctor Roberto Rosario, negando que el pleno hubiese concluido las discusiones en torno al llevado y traído reglamento debido a las discrepancias de los jueces en algunos de sus puntos,   lo que también niega el presidente de la JCE.

¿A quién creerle? A los hechos, pues resulta evidente, aunque el doctor Castaños Guzmán juegue a tapar el sol con un dedo, que ciertamente esas diferencias existen,  y que en más de una oportunidad  han sido llevadas a los periódicos, para alarma y preocupación de una opinión pública que teme se conviertan en un obstáculo serio para que el tribunal pueda cumplir a cabalidad su compromiso con la democracia dominicana el próximo 16 de mayo.

¿O acaso no ha sido uno de sus jueces, el magistrado José Angel Saviñon, quien ha denunciado la existencia de un complot para boicotear el reglamento, en el que estarían implicados funcionarios de la propia JCE? Es comprensible que ese reglamento tenga sus opositores en el seno del tribunal, también que sea la responsabilidad de su aplicación, decidir cuáles de las instancias que componen el organismo tendrá la batuta en las manos, el principal escollo a salvar, pues como bien sabe el doctor Castaños las luchas por el poder y el control se dan hasta en la propia familia. Negar que esas cosas están ocurriendo en la JCE no parece una buena estrategia a seguir, pues sólo se consigue confundir más a la población, minando de paso el crédito y la confianza que debe inspirarle el árbitro de sus procesos electorales.

Exportaciones

Según una información publicada por Diario Libre a principios de semana, citando un informe estadístico elaborado por el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEI-RD), el país duplicó sus exportaciones de metales en los primeros seis meses del año en comparación con igual periodo del año anterior, superando en ese renglón a las cervezas, las pastas alimenticias, los plásticos y las cajas de cartón, entre otros productos.

Dos dedos de frente bastan para saber que ese incremento tiene que ver, directamente, con el robo de metales, así como de alambres eléctricos y telefónicos, un delito que crece, crece y crece como los famosos espaguetis, sin que nuestras autoridades hayan podido, hasta el momento, ponerle freno.

En el día de ayer algunos diarios publicaron versiones dando cuenta de que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, conjuntamente con autoridades aduanales, persiguen a varios ciudadanos chinos, pakistaníes e hindúes residentes en el país, por supuestamente  pertenecer  a una importante red que se dedica al tráfico ilegal de metales que exportan hacia Oriente, principalmente China, el mayor consumidor del mundo. Las autoridades aseguran que le siguen los pasos bien de cerca a los cabecillas de esa red, y        que muy pronto podrán anunciar su apresamiento y sometimiento a la justicia. Esperemos que el optimismo  tenga justificación, y se trate de un buen golpe a las “mafias” que se lucran del negocio de los metales.

Barrio Seguro

Ojalá pudiera el doctor Franklyn Almeyda, secretario de Interior y Policía, echarle un vistazo a un estudio realizado recientemente por el Voluntariado por la Seguridad Pública de Santiago (VOSES) sobre “El Impacto Real y Percibido del Programa Barrio Seguro en Santiago”, no sólo porque le sería de gran utilidad como principal responsable de su buena marcha, sino para que luego no alegue ignorancia o desconocimiento de lo que ha estado ocurriendo con ese programa en la Hidalga de los 30 Caballeros.

Voses seleccionó una muestra de 768 personas de la población total de Santiago y sus principales barrios según el VII Censo de Población y Vivienda del 2002, con un margen de error de un 7% y un nivel de confianza de un 98%. ¿Qué dice el estudio? Entre otras cosas, que un 67% de la población en los barrios donde se aplica Barrio Seguro -Cienfuegos, Bella Vista, Pekín y Ensanche Bermúdez, entre otros- si bien reconoce que al principio el programa logró reducir los  actos delictivos  y la venta de drogas,  en los últimos meses ha ido perdiendo fuerza, por la disminución del patrullaje tanto de la Policía Nacional como de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Sería una lástima que lo que ha costado tantos  esfuerzos y sacrificos lograr, como lo es llevar un poco de tranquilidad a los barrios de Santiago, corre el riesgo de irse a la porra por esa mala costumbre  tan nuestra de abandonar las cosas a medio camino, sea por cansancio, desidia o simple sinvergüencería.