Las Administradoras de Riesgos de Salud -las famosas ARS- han devenido, a casi un mes de iniciado el Seguro Familiar de Salud, en los chicos malos de una pésima película, pues resulta evidente que el asunto no funciona y que todos las  culpan del tollo.

José Ramón Fadul, secretario de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, sugirió ayer a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que cancele la licencia a las ARS que se compruebe están boicoteando el proceso, uniéndose así al reclamo hecho en el mismo sentido y por las mismas razones por el Colegio Médico Dominicano. Tarde hemos descubierto que las ARS no son indispensables para que funcione el nuevo régimen contributivo y que pueden crearse otros mecanismos para la contratación de médicos y clínicas, como tarde hemos descubierto también que la maraña de intereses contrapuestos que gravitan  sobre el Seguro Familiar de Salud son irreconciliables. El gobierno estaba consciente de lo difícil que resultaría conciliar ciertos intereses, pero determinado a poner en marcha el nuevo sistema decidió arrancar como sea, partiendo de la muy criolla premisa de que la carga se acoteja en el camino. Falta saber ahora si, como parte de ese acotejo, habrá que  deshacerse de la que resulte muy incómoda o que pese demasiado.

 Inadmisible

Tiene toda la razón del mundo Vicente Bengoa, secretario de Hacienda, cuando califica como una barbaridad la pretensión del ayuntamiento del Distrito Nacional de que el gobierno asuma la deuda de RD$481.7 millones contraída por la Federación de Transporte La Nueva Opción con el Banco de Reservas para la adquisición de autobuses, operación a la que el cabildo capitaleño, aunque suene descabellado, sirvió de garante solidario. ¿A santo de qué debe el gobierno asumir una deuda contraída por un grupo de empresarios del transporte que no han sido capaces, por incompetencia gerencial  o mala fe, de cumplir con sus obligaciones financieras? El síndico Roberto Salcedo está obligado, honrando el principio de continuidad del Estado, a ceñirse al compromiso asumido por el ayuntamiento cuando sirvió de garante a esa operación, aunque en el proceso renegocie sus términos o se ponga de acuerdo con Juan Hubieres en torno a los pagos y sus plazos. Por supuesto que se trata de una carga demasiado pesada y onerosa para el ayuntamiento, que deberá apretarse el cinturón para rendir los recursos que recibe a través de la ley, pero es lo institucionalmente correcto. No es posible seguir tratando al Estado dominicano como la vaca que todos queremos ordeñar pero que a la hora de la verdad nadie cuida ni alimenta.

Genio y figura

Guido Gómez Mazara, el beligerante ex consultor jurídico del gobierno de Hipólito Mejía, debería tomar nota de las repercusiones que ha tenido en la prensa su sometimiento a la justicia por supuestamente haber agredido al periodista Marino Zapete y lo que eso significa, pues tal parece que sigue cosechando, a casi cuatro años de su salida del poder, las malquerencias -justificadas o no- que sembró. Hasta cierto punto se trata de una situación injusta, pues el Guido Gómez que anda por ahí, convertido en un crítico pertinaz del gobierno  desde sus programas de radio y televisión, dista mucho  del funcionario belicoso y arrogante que tantas antipatías le granjeó  a su gobierno. Eso no quiere decir que Guido no sigua siendo Guido, dispuesto siempre a echar el pleito donde sea y con quien sea, incluso aunque no le convenga y el enemigo, como en este caso, parezca demasiado grande y poderoso para sus limitadas fuerzas y posibilidades: “ni el gobierno, ni el Fiscal, ni Felucho tienen el carácter, los pantalones ni el temperamento para meterme miedo a mí”, acaba de proclamar, convencido de que el sometimiento de la Fiscalía del Distrito Nacional es una retaliación política del gobierno frente a un crítico demasiado incómodo.