Por una de esas anomalías -para no decir otra cosa- tan frecuentes en nuestra precaria vida institucional la Plaza de la Bandera, un monumento concebido por su constructor -el doctor Joaquín Balaguer- como una forma de rendir permanente homenaje a la enseña tricolor que identifica la dominicanidad, fue dejada bajo el cuidado y responsabilidad de las Fuerzas Armadas, probablemente en el entendido de que como custodias y garantes de nuestra soberanía e independencia podían serlo también de esa emblemática plaza, pero el vergonzoso deterioro que muestra es una elocuente evidencia de que a los guardias les ha quedado grande esa responsabilidad.

Lo recomendable, lo deseable, lo que impone la lógica y el sentido común es que el ayuntamiento del Distrito Nacional, que cuenta con el personal, los equipos y la vocación para realizar ese trabajo, reasuma el cuidado del degradado monumento, no sin antes someterlo a un proceso de rescate y reconstrucción que le devuelva su perdido esplendor. Que así sea.

Buena iniciativa

Los ayuntamientos del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos y Pedro Brand han decidido trabajar unidos en la solución de los problemas que los afectan, a través de un Plan Estratégico común que aborde temas tan puntuales como el aseo urbano, el medio ambiente, la competitividad o el relleno sanitario, entre otros. Un encuentro celebrado en la sede del ayuntamiento capitaleño, en el que participaron representantes y autoridades de esos cabildos, se convirtió en el inicio formal de la prometedora iniciativa, fundamentada en el eterno principio de que la unidad hace la fuerza. Es de esperarse, sin embargo, que la comisión integrada por representantes de los cabildos involucrados en la plausible iniciativa para identificar los principales problemas y sus probables soluciones concluya en el más breve plazo posible su trabajo, para que se pueda pasar de las palabras y las buenas intenciones a los hechos y las realizaciones.

Ley para todos

Si el Senado de la República no introduce nuevos cambios a la Ley General de Electricidad que acaba de aprobar, en dos lecturas consecutivas y con algunas modificaciones, la Cámara de Diputados, el robo de energía  será muy pronto un delito criminal en República Dominicana. La legislación, que también establece sanciones a las empresas distribuidoras que incurran en faltas graves, castiga con prisión de tres a cinco días y multas de tres a cinco salarios mínimos, o ambas penas a la vez, a los usuarios que hayan sustraído energía por debajo de los 1,000 kwh, estableciendo como pena máxima para aquellos que hayan sustraído energía por encima de los 100 kilowats tres años de cárcel y una multa de 320 a 5,000 salarios mínimos. No hace falta decir que, de ser promulgada tal y como fue sancionada en la cámara baja, su entrada en vigencia abre una serie de interrogantes, la mayoría de ellos relacionados con su aplicación. ¿Sancionará esa nueva ley a los miles de usuarios que residen en los llamados barrios carenciados, gente que nunca en su vida ha pagado un centavo por la energía que consume? ¿O acaso se hará una excepción con ellos, violentando el universal principio de que las leyes han de ser de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los ciudadanos? Si la demagogia, el populismo o la debilidad de la autoridad responsable de hacer cumplir esa ley permite que, en nombre del padrefamilismo, no se mida a todo el que se robe la energía -pobres y ricos- con la misma  vara, se estarán sentando las bases para una legislación injusta y discriminatoria.