Es una pena que el doctor Marino Vinicio Castillo, asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico, no citara por sus nombres y apellidos a los funcionarios que devengan salarios de hasta 600 mil pesos al mes, sin contar los viáticos, mientras el país tiene necesidades inmensas como lo es cumplir con el servicio de la deuda externa que cuesta al erario 73 mil millones de pesos al año. “Al que le sirva el saco que se lo ponga”, se limitó a responder cuando se insistió en conocer los nombres de esos privilegiados, lo que aprovechó para quejarse de que tan solo gana 62 mil pesos al mes a pesar de que se la está jugando, y de qué manera, con su combate frontal al poderoso narcotráfico. Pero no todo el mundo en el gobierno ve las cosas con el tremendismo del doctor Castillo, pues para el licenciado Danilo Medina, secretario de la Presidencia, los funcionarios que ganan esa astronómica cifra constituyen “casos menores” dentro de la administración peledeísta. Si así son las cosas solo falta que otro funcionario, igualmente encumbrado, salga diciendo por ahí que con su extravagante denuncia el asesor presidencial sólo pretendía conseguir un buen aumento de sueldo.

El camino más corto
¿Quién le dijo a Vicente Bengoa que los empresarios no pueden opinar, cada vez que se les antoje, sobre política, sea de manera individual o a través de cualquiera de las organizaciones que los agrupan? ¿Quién le dijo que los políticos dominicanos, responsables de la mayoría de nuestras desgracias, disfrutan del monopolio de temas tan trascendentales como la seguridad ciudadana, el gasto público o la autoridad que deberían ser capaces de inspirar quienes gobiernan el país? ¿De dónde se saca el Secretario de Finanzas que todo el que ose criticar las acciones y políticas del gobierno lo hace única y exclusivamente porque estamos en tiempos pre-electorales? Es una verdadera lástima que funcionarios en capacidad de producir argumentos creíbles para defender al gobierno al que pertenecen, escojan el camino más corto y fácil a la hora de responder a sus críticos, interesados o no: la descalificación.

Mala fama
Cuando se le pide a un gobierno, en sentido figurado, que ponga sus oídos en el corazón del pueblo lo que se le está pidiendo es que se acerque a la gente, que se entere de sus propios labios de sus padecimientos y necesidades, más o menos lo que intentaron hacer antenoche en Santiago el director del Comando Regional de la Policía Nacional y un subsecretario de Interior y Policía, cuando se reunieron con dirigentes comunitarios de sectores donde se aplica el Plan de Seguridad Democrática a pasar balance a sus resultados. Las quejas, como era de esperarse, llovieron copiosamente, y la mayoría alrededor de dos grandes problemas: el microtráfico de drogas y los robos y atracos que se han constituido en el pan nuestro de todos sus días. Esa situación se agrava, según los quejosos, por la complicidad entre los agentes de la Dirección Nacional de Contol de Drogas y los narcotraficantes, a los que cobran peaje -dicen- por desentenderse de sus actividades. La denuncia no es nueva ni debe haber sorprendido a las autoridades presentes, pero sería bueno que a esos encuentros, tan útiles y provechosos, se invite también a un representante de la DNCD, más que nada para que se entere de primera mano de la mala fama de que gozan sus agentes allá en los barrios.