Desde que la Cámara Contenciosa, Tributaria y Administrativa de Santo Domingo evacuó la sentencia ordenando a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) entregar al periodista Huchi Lora los documentos relativos a los estudios de suelo que se habrían realizado a propósito de la construcción del Metro de Santo Domingo lo han estado repitiendo, una y otra vez, comentaristas y editorialistas, pero dada su trascendencia hay que seguir con la cantaleta a ver si, de tanto repetirla, nos la aprendemos de memoria: la sentencia que obliga al ingeniero Diandino Peña a entregar, a pesar de su abierta resistencia, la información requerida, marca un antes y un después en lo que se refiere al uso que habrán de hacer los ciudadanos de su derecho “a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado dominicano…”

No basta

Pero no hay porqué dejarse arrastrar por el entusiasmo o hacerse excesivas ilusiones, pues las cosas en este país de abundantes maravillas nunca son tan fáciles. Por eso puede decirse que la sentencia de marras no será suficiente para implantar, de golpe y porrazo, una nueva cultura entre nuestros servidores públicos, aferrados con uñas y dientes al hermetismo y la falta de transparencia en el manejo de los recursos puestos bajo su cuidado, y los ejemplos abundan y abundarán. A principios del mes de enero pasado este diario solicitó a la secretaría de Medio Ambiente, acogiéndose a los procedimientos y plazos que acuerda la ley 200-04, una serie de informaciones que entiende necesarias para conocer la forma en que esa cartera maneja los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, entre ellas una relación de los salarios que devengan sus principales funcionarios así como la cantidad de empleados conque cuenta esa dependencia. Hasta el sol de hoy, y a pesar de las insistencias, no ha sido posible, entre una excusa y otra, obtener esas informaciones, tan necesarias para confirmar o desmentir los rumores dando cuenta de que Medio Ambiente ha devenido en una agencia de empleos de la Alianza Por la Democracia, el partido que lidera el doctor Max Puig.

Lo mismo de siempre

La historia le va a resultar familiar, sobre todo porque tiene el mismo final de siempre. El gobierno de los Estados Undios ha colocado a República Dominicana en el séptimo lugar de una lista de 16 países en el mundo que no hacen suficientes esfuerzos por combatir la piratería intelectual, pero a juzgar por la libertad y el desparpajo conque aquí se mueven quienes se dedican, mochila al hombro, a la venta de discos y películas pirateados cualquiera diría que los americanos esta vez se han quedado cortos. El “Informe Especial 301”, que nos coloca en la distinguida compañía de países como Arabia Saudita, Canadá, Israel, Rusia y Tailandia, entre otros, señala un mal común a todos los países latinoamericanos: a pesar de los esfuerzos desplegados en la persecución de quienes se dedican a ese ilegal y lucrativo negocio, son muy contados los casos que concluyen con un veredicto final de la justicia. ¡Igualito que aquí!