La “cuenca” por la que atraviesa la Junta Central Electoral sigue siendo noticia de primera plana, sea por las discrepancias que en materia tan delicada exhiben dos de sus principales jueces como por el hecho, incontrovertiblemente cierto, de que a estas alturas la democracia dominicana no puede darse el lujo de tener un árbitro en condiciones tales de indigencia que no pueda cumplir con su responsabilidad de organizar unas elecciones transparentes y confiables.

Reclutar y  capacitar el personal que trabajará en los procesos electorales es parte importante de esa responsabilidad, como bien señala el juez titular de la Cámara Administrativa doctor José Angel Aquino, quien advierte que ese es un trabajo que debe iniciarse con suficiente antelación para que no ocurra lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, que la insuficiente o pobre preparación del personal que trabajó en las mesas provocó grandes trastornos e inconvenientes.  Pero el problema, según el doctor Aquino, no solo es de tiempo sino también de recursos, pues tampoco hay con qué iniciar esa parte tan importante del proceso electoral de  mayo del próximo año. El doctor Julio César Castaños Guzmán, quien ha reconocido sin tapujos las tribulaciones económicas de la JCE, no ha querido sin embargo apretar el botón de pánico, confiado en que el gobierno finalmente irá en su auxilio sabiendo, como sabe, todo lo que está en juego, pero en lo que el hacha va y viene ya hay mucha gente dentro del tribunal de comicios que, por tener una idea bastante clara de todo el trabajo todavía pendiente, empieza a ponerse muy nerviosa.

De Sarita al Padre Luis Rosario

A pesar de que el padre Luis Rosario se ha desgañitado reclamando, desde su tribuna en la Pastoral Juvenil, el desarme de la población civil sin que ninguna autoridad le haya puesto el menor caso, la verdad es que los hechos le siguen dando la razón prácticamente todos los días, sea con tragedias como la de la discoteca Loft, donde murieron en una balacera tres jóvenes,  tres vidas valiosas e irreemplazables, o con declaraciones como las que acaba de ofrecer el doctor Sergio Sarita Valdez, patólogo forense y subsecretario de Salud Pública,  alarmado por la gran cantidad de muertes producto de armas de fuego en lo que  va de año. El doctor Sarita cree que la única manera de enfrentar con eficacia un problema de esas dimensiones es promoviendo una cruzada en la que participen, junto a las autoridades, las iglesias, organizaciones  de la sociedad civil y juntas de vecinos, pues dice estar convencido de que el problema de la criminalidad, lejos de  disminuir como afirman y repiten las autoridades policiales, se ha incrementado de manera alarmante.

  Excesos en AMET

 Otra vez, por enésima ocasión, vuelven a producirse denuncias sobre excesos cometidos por agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) en el desempeño de sus funciones, como lo es la retención de la licencia de conducir, la matrícula del vehículo y el marbete del seguro a los infractores de la Ley de Tránsito, sobre todo aquellos sorprendidos violando la luz roja de un semáforo. No es difícil  imaginar lo duro y difícil que debe ser para los miembros de AMET bregar con tanto chivo sin ley que anda por nuestras calles, desde la señorona que se siente, desde las alturas de su yipeta, por encima de la ley, hasta el chofer del concho para quien, como sacrificado padre de familia, la ley de tránsito simplemente no existe, pero eso no quiere decir que la respuesta sea el atropello o la ilegalidad. Es de esperarse que el mayor general José Sigfredo Fernández Fadul ponga atención a lo que parecen exabruptos de algunos agentes bajo su mando que se han tomado demasiado a pecho su trabajo, pues esa forma de hacer cumplir la ley es incompatible con el estado de derecho en el que todos aspiramos  vivir.