Qué se dice
Arbitrios arbitrarios

No hay que darle tantas vueltas y mucho menos celebrarle la  ocurrencia al síndico de Santo Domingo Oeste, pues una cosa es sustituir la estrella de Belén del árbol de Navidad con su fotografía, en una muestra de narcisismo municipal de pésimo gusto, y otra muy distinta sacarse de la manga un impuesto de un centavo por cada peso a la venta de las empresas que funcionan en ese municipio, pues aunque no lo sepa todavía Francisco Peña esa es una tarea reservada única y exclusivamente al Congreso Nacional.

Las empresa afectadas, por supuesto, no solo han rechazado el nuevo “impuesto” sino que han reaccionado alarmadas ante la decisión, pues a los desafíos que plantea la entrada en vigencia del TLC hay que sumar ahora el destape impositivo de los ayuntamientos.

Severidad

  Ha llamado la atención la severidad del juez de la Jurisdicción Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, quien dispuso el cierre por tres meses de una discoteca en el ensanche Naco donde fueron sorprendidas seis adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas, mientras colocó impedimento de salida a su propietario, a quien también impuso una garantía económica de 3 millones de pesos y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público. La decisión del magistrado constituye un espaldarazo a los esfuerzos de la Fiscalía del Distrito Nacional, empeñada en aplicar al pie de la letra la ley de Protección al Menor, pues envía un señal clara y contundente de lo que le espera a los propietarios de negocios que sirvan bebidas alcohólicas a menores de edad. Por supuesto, ni la severidad de los jueces ni los esfuerzos del Ministerio Público serán suficientes para lograr la aplicación plena de esa ley sino se involucra a la familia en esa tarea.

Indiscreciones

  No hay dudas de que la Policía Nacional se precipitó al anunciar, desde la misma escena del crimen y sin contar, por razones obvias, con elementos suficientes para sostener esa o cualquier otra hipótesis investigativa, que el asesinato del periodista Víctor Gulías fue un crimen pasional, aunque los primeros indicios así lo indicaran. A esa precipitación hay que agregar, como agravante, la revelación de una serie de detalles que, por lo menos en ese momento, solo podían ser de utilidad de cara a las pesquisas policiales, pero que al hacerse públicos solo han servido para alimentar el morbo colectivo y de paso invadir de muy mala manera la privacidad a la que, aún después de muerto, tenía derecho Gulías y sus familiares. La Policía, tal y como anunció ayer tarde, ha logrado aprehender en un tiempo relativamente los supuestos asesinos, un chofer de autobuses y otros tres hombres, lo que merece aplauso y reconocimiento, pero siempre quedará el mal sabor de boca producto de la indiscreción y el afán de protagonismo.