A punto está de iniciarse un alboroto a propósito de la intención del ayuntamiento del Distrito Nacional de construir un helipuerto en el Malecón de Santo Domingo, con los medioambientalistas, geólogos, urbanistas y demás hierbas aromáticas capitaneando una férrea oposición a un proyecto que se pretende levantar dentro de un área protegida y sujeta, por tanto, a regulaciones.

A pesar de que su construcción se inicia dentro de un mes, ningún funcionario del cabildo capitaleño ha pasado por la secretaría de Medio Ambiente a recoger los términos de referencia imprescindibles para el estudio de impacto ambiental que es preciso hacer, porque así lo indica la ley, en la zona, por tratarse de un parque nacional. Lo lamentable del caso, tal y como expresan los opositores al proyecto, es que sea el Ayuntamiento el que propicie la violación a la ley de áreas protegidas, en lugar de acatarla o sugerir su modificación si es que, como parece, ha decidido ignorarla definitivamente.

Interlocutores

El pasado lunes se anunció formalmente al país que el gobierno y los transportistas habían arribado -¡por fin!- a un acuerdo, comprometiéndose ambas partes a juntarse la próxima semana a discutir la nueva tarifa que regirá en el transporte público de pasajeros. En una reunión que se prolongó durante cuatro horas y que contó, en calidad de testigos de excepción, con la presencia del periodista Juan Bolívar Díaz y el comentarista Luisín Mejía, Diandino Peña, Juan Hubieres, Antonio Marte, Ramón Pérez Figuereo y Alfredo Linares (Cambita) hablaron hasta de iniciar los estudios para hacer posible la integración de los transportistas a la seguridad social así como de la posibilidad de congelar los permisos para la operación de nuevas rutas, para concluir con la firma de un documento contentivo de los acuerdos a que se arribó. Pero ayer Pérez Figuereo y Alfredo Linares entonaron una canción muy distinta a lo tratado, discutido y acordado, haciendo un emplazamiento inaceptable al gobierno, pues en lugar de negociación se convierte en imposición y chantaje: fijar unilateralmente una tarifa que oscilará entre los 25 y 30 pesos si el gobierno no anuncia, en la reunión pautada para el martes próximo, el subsidio a los transportistas.

El diablo anda suelto

En La Cabrina, una comunidad rural del municipio de Cotuí, una anciana de 90 años fue violada y asesinada a golpes por su propio sobrino. Otro sobrino de la anciana, según la escueta nota publicada por alguno de nuestros diarios, fue también salvajemente golpeado por el enloquecido agresor cuando intentó impedirle que maltratara a la pobre e indefensa mujer, pero pudo sobrevivir y se encuentra internado en el hospital Inmaculada Concepción de Cotuí. Desde su lecho del hospital cuenta que su primo, apresado por la Policía luego de huir del lugar de los hechos, se comportó de una manera tan violenta y agresiva que parecía “endemoniado”.