Hay que aprovechar el empeño que en los últimos días ha puesto la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) en hacer cumplir la ley de tránsito para sugerirle que corrija una de las más frecuentes violaciones en que incurren los automovilistas que se desplazan por la Avenida 27 de Febrero, como lo es la ocupación de dos y hasta tres carriles para doblar a la izquierda en las intersecciones con la Doctor Defilló y la avenida Núñez de Cáceres.

La situación, como es lógico suponer, genera diariamente, sobre todo en las horas pico, un gigantesco taponamiento, pues el embudo que se crea por el gran flujo de automóviles que se desplazan en dirección Este-Oeste convierte ese pequeño tramo en una verdadera pesadilla. Lo peor del caso es que todo eso ocurre delante de las propias narices  de los agentes de AMET de servicio en ambas intersecciones, como si no les importara que en lugar de la ley de tránsito impere la implacable ley de la selva.

Peligro de inundación

La doctora Luisa Lafontaine, directora del hospital Luis E. Aybar, hizo ayer un llamado urgente y desesperado a través de este diario a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), alarmada ante  la posibilidad de  que la obstrucción de los filtrantes de las aguas residuales, tanto los que están dentro como fuera del centro asistencial, inunden las   áreas de atención y emergencia a causa de las intensas lluvias caídas sobre la Capital en los últimos días. La publicación del reclamo fue respondida por la CAASD con una nota de prensa en la que dice haber resuelto el problema denunciado, pero una llamada telefónica a la doctora Lafontaine bastó para confirmar que la situación se mantiene, pues solo fueron destapados dos de los filtrantes. Es probable que los técnicos de la CAASD, que andan muy ajetreados en estos días, no estén conscientes  de las repercusiones de la situación denunciada por la directora del Aybar, sobre todo si creen que ya resolvieron el problema, por lo que se insiste por este medio en que se den otra vueltecita por el centro asistencial para que terminen bien lo que empezaron mal.

Desgracia anunciada

Las “irresponsables” declaraciones del doctor Max Puig sobre la existencia de un alegado plan, encabezado por el senador peledeísta Rubén  Cruz, para modificar la Ley de Areas Protegidas para favorecer  intereses particulares, ha puesto de manifiesto, nueva vez, el sólido espíritu de cuerpo que reina en ese hemiciclo, que acaba de aprobar a unanimidad una resolución en la que se solicita la interpelación del secretario de Medio Ambiente para que ofrezca mayores detalles sobre su denuncia y, más que nada, que aporte las pruebas que la sustentan. El doctor Reynaldo Pared Pérez, presidente del Senado,  parece tan convencido de la inocencia del senador por Hato Mayor que se ha atrevido a advertir al doctor  Puig que si no se retracta de sus “perversas” acusaciones el asunto será llevado hasta las últimas consecuencias, que según el runrún consistiría en pedirle al presidente Fernández su destitución. Puig, quien se encuentra fuera del país en diligencias propias de su cargo, ha dicho en reiteradas ocasiones que no tiene ningún inconveniente en acudir al Congreso a explicar  lo que haya que explicar en torno a su denuncia,  pero es probable que ya sea demasiado tarde, pues se trata de la crónica de una caída en desgracia hace tiempo anunciada y esperada.