La doctora Aura Celeste Fernández, jueza electoral, ha estado del lado de la verdad, y la verdad ha estado del lado de  ella; y por más que  le disparen con una retórica que  pretende descalificarla y presentarla como  taimadamente persistente, sus posiciones críticas y éticas merecen respaldo de la ciudadanía.

 Es razonable, y mucho conviene que en este país se establezcan límites y reglas al proselitismo. Y esto hasta por el propio bien de los partidos políticos, a los que una parte importante de la sociedad ve mal, pues continuamente se les ha vinculado a la corrupción, al desastroso clientelismo  que hace fallar  al Estado, y al elevadísimo costo de la “mentada” democracia dominicana. El poder, que siempre está en manos de políticos, ha fracasado frente a  grandes males de esta nación. En otros países, la mala forma de políticos, demagogos y venales, produjo un repudio que los sacó del juego virtualmente, como ocurrió en su momento en Venezuela, Bolivia, Ecuador y hasta en el propio Perú. Aquí los políticos han tenido mejor suerte, pero las encuestas viven revelando que en el seno del pueblo  reina desconfianza en sus actuaciones  y pesimismo respecto al futuro.

La gente ve un alto componente político en el trasfondo de las crisis sociales. Aunque a causa de sus indefiniciones, retrasos de acción y poca voluntad política, la Junta Central Electoral no logró establecer  reglas para las elecciones venideras, este país seguirá necesitando de ellas para caminar derecho. Aquellos que tuvieron la oportunidad de leer  ayer el Tema de Hoy (página D3) han debido quedar familiarizados con los sólidos argumentos que darían fundamento al añorado reglamento, aunque los partidos sigan prefiriendo el derroche  y la inequidad que “permite que el poder económico apabulle el ejercicio democrático”.

Autoridades débiles

Luce más como propaganda que como propósito firme la afirmación que continuamente hace la Policía de que mantendrá el orden y  la seguridad en las calles durante la Navidad. En realidad lo que viene ahora es la permisividad absoluta para que la gente trague alcohol, lo que conduce a no pocos individuos  a comportamientos violentos y a la conducción temeraria. Además, la PN hace creer que el programa contra los escándalos y bellaquerías de colmadones está funcionando, cuando en realidad  se ha vuelto inoperante.

Basta con escuchar o ver los programas interactivos de TV y radio en los que se refleja por llamadas telefónicas que la gente que aspira al sosiego y descanso en los barrios no está siendo respaldada por la Policía. De nada sirve quejarse y denunciar la música de alto volumen ni los atentados al pudor y  a  la tranquilidad que se generan en las bebederas callejeras y hasta bajo techo, sobre todo los fines de semana.

En cuanto a la AMET, desde que salió de allí el comandante Fernández Fadul, lo que se está viendo es que esa policía de tránsito  ha bajado la guardia. A ciertas horas del día y la noche, los elevados se están poblando de motociclistas, y los talleres ilegales de mecánica que ocupan las vías públicas, proliferan como nunca, como este periódico va a demostrar en los próximos días con un amplio reportaje.

Más recursos a Educación

Más que la concesión de un sueldo 14 indiscriminado para empleados públicos (sin tomar en cuenta que una parte de ellos no lo necesitaría) lo que debería instituirse es un bono anual para compras escolares –libros, cuadernos, uniformes y la inscripción en colegios de la clase humilde-  en beneficio de los servidores públicos que tienen hijos menores y reciben sueldos bajos.

Ese sería uno de los apoyos  que la enseñanza necesita y que el Estado dominicano se ha especializado en negar, hasta el punto de descalificarse internacionalmente. Y que no pregunte Simón Lizardo, contralor general de la República, de dónde saldrían los recursos, pues los cuantiosos superávit presupuestarios  seguirán registrándose cada seis meses. A parte de que la composición del gasto público en este medio es decidida con intensa unilateralidad oficial y el dinero nunca falta para determinadas y favoritas inversiones y pagos de servicios personales. Solo por esa versatilidad de quienes manejan la Cosa Pública se justificaría que  los diputados se revelen de  vez en cuando con iniciativas que acrecienten la inversión social.