Las 310 unidades de vehículos de motor entregadas por la Secretaría de Interior y Policía a la Policía Nacional es un estacazo adicional que hace creíble los esfuerzos del gobierno para dotar a la institución del orden público de los recursos necesarios para poder garantizar una vigilancia eficiente. Se había dicho, con sobradas razones, que sin vehículos y sin comunicación interna la Policía no podía hacer un buen trabajo. Desde hace varios meses los vehículos han empezado a llegar y las consecuencias positivas se están viendo. Vamos a esperar que vengan otras partidas de camionetas, yipetas, “motores” y medios de comunicación.

Faltan los salarios

Los integrantes de la Policía Nacional también esperan, con marcado interés, que la comisión designada para hacer una evaluación de los salarios, para su revisión, comience su labor y que la haga con cierta rapidez. Tradicionalmente los agentes de la Policía y los suboficiales y oficiales han devengado salarios de miseria. Un contrasentido inexplicable. Se les envía a cuidar la propiedad pública y la propiedad privada a quienes carecen de seguridad económica para ellos y sus familias. Hay quienes ven por ahí uno de los factores que podría explicar la peligrosa tendencia de miembros de la Policía a involucrarse en actos deshonestos y hasta en robos, atracos y operaciones de narcotráfico. El diligente secretario de Interior y Policía debe agilizar la revisión de la escala salarial de los integrantes de la Policía, de tal forma que por lo menos en enero empiecen a regir los nuevos sueldos.

Tremendo roletazo

  Nada menos que el secretario general de la Junta Central Electoral acaba de denunciar que 11 funcionarios de este tribunal figuran en una especie de nómina privilegiada que les permite acceder cada tres meses a unos ingresos adicionales o compensaciones que llegan a millones de pesos. El doctor Antonio Lockward Artiles los mencionó por sus nombres y por las posiciones que ostentan en la estructura orgánica de la JCE. La verdad es que en los últimos dos años han caído denuncias muy serias sobre la Junta, pero allí nadie parece inmutarse. En su oportunidad se habló de nepotismo a todos los niveles, luego hubo denuncias de la adjudicación directa o grado a grado de contratos; se habló del festival de ingresos que permiten las oficialías civiles, y ahora de nóminas especiales a favor de un grupo selecto de funcionarios. También la auditoría de la Cámara de Cuentas dejó caer sus insinuaciones. Parece que don Luis Arias o los responsables de las áreas administrativas de la Junta Central Electoral deberían dar algunas explicaciones sobre estas denuncias tan sistemáticas.

¿Cómo entenderlo?

  Distintos sectores y personas de la vida nacional reclaman al gobierno la entrega de más fondos para la educación. Se quiere que la República Dominicana aumente la porción del producto interno bruto que dedica a educar a los muchachos. Pero mientras esto ocurre, la secretaria de Educación lo que hace es dar razones y justificar que el gobierno actual “no pueda” disponer de mayores recursos para construir escuelas, aulas y butacas. En otras palabras, interesa más defender la imagen del gobierno que apoyarse en una presión legítima de la opinión pública para que los recursos públicos vayan en mayor cantidad a las escuelas. ¿Cómo entenderlo, eh?