Las secretarías de Salud Pública e Industria y Comercio  acaban de anunciar, en rueda de prensa conjunta, la prohibición del uso del bromato de potasio en la elaboración del pan que se consume en el país, dando  de plazo hasta el 30 de octubre para que sean retirados del mercado los aditivos que contengan el químico.

En esa misma rueda de prensa se dio a conocer un estudio realizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) donde se establece que los niveles de la sustancia que se utilizan en la fabricación del pan  se ajustan a los estándares de calidad aprobados por la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud (OMS-OPS), por lo que tanto el doctor Bautista Rojas Gómez, secretario de Salud Pública, como Julio Santana, de la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), instaron a la población a consumir pan con confianza, ya que no representa peligro alguno para la salud. Se espera que esta prohibición, que llega un poco tarde (en Europa el bromato de potasio se prohibió hace más de diez años y en la mayoría de países latinoamericanos también lo está), pondrá punto final al escarceo alrededor del pan nuestro de cada día y su potencial cancerígeno. Ha sido como poner el candado después que nos han robado, como tantas y tantas veces, pero como dice un refrán tan criollo como el mangú: nunca es tarde si la dicha es buena, sobre todo si eso significa devolverle  la confianza de la población en un alimento tan popular como el pan.

Pleito casao

Parece que Roberto Salcedo tiene un pleito casao con una empresa que se dedica al alquiler de vallas publicitarias  que se siente afectada por lo que considera una violación, por parte del cabildo capitaleño, a los que entiende son sus derechos adquiridos, pero también a las regulaciones sobre la colocación de publicidad en los espacios públicos establecidas por el propio ayuntamiento, y todo para favorecer a una empresa recién llegada al mercado, circunstancia que no ha impedido que se agenciara una serie de  “facilidades” para su operación  que ya quisieran otras empresas que llevan años en el mercado, que trabajan por el librito y que, por supuesto,  pagan religiosamente sus impuestos. Se está hablando de falta seguridad jurídica, de llevar el asunto a donde haya que llevarlo con tal de hacer valer los que entienden sus derechos, y ya se puso en conocimiento de la situación al embajador de Argentina en el país (los propietarios de la empresa afectada son argentinos).

Lo mejor que puede hacer el señor síndico de la Capital -es un consejo sano y desinteresado- es colar bien claro su café, pues si resulta y viene a ser que lo que esa empresa denuncia  es verdad tendrá que responder muchas preguntas, empezando por las razones por las cuales se favorecen  las actividades de una empresa recién creada en detrimento  de las ya establecidas.

El malecón

Sería bueno, a propósito del ayuntamiento del Distrito Nacional, que sus autoridades fueran poniendo a punto todas sus herramientas de persuasión -atención José Miguel Carrión- a fin de convencer a los munícipes capitaleños de la necesidad de cerrar temporalmente un tramo del Malecón, con el propósito de contener el creciente deterioro de la franja marina sobre la que fue construido.

Las reacciones de rechazo por parte de distintos sectores, sobre todo de los transportistas de carga, cada vez que se menciona esa posibilidad, hacen prever otro alboroto, de esos que tanto nos gustan por aquí, a causa de una decisión que probablemente haya que tomar cuanto antes  si queremos preservar uno de los patrimonios más importantes de la ciudad Capital y de todo el país. Por supuesto, el ayuntamiento y sus autoridades tienen que diseñar primero las rutas alternativas que utilizarán tanto la población común como los transportistas, y posteriormente darlas a conocer por los medios para que la gente se entere.