Es probable que el Procurador General de la República tenga razón, jurídicamente hablando, cuando dice que la Suprema Corte de Justicia está en toda su libertad de fallar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la dirigencia del PRD contra el préstamo de US$130 millones contratado por el gobierno a través de la empresa Sun Land, pues el dictamen que debe ofrecer al respecto, a petición del alto tribunal, no es de carácter vinculante.

Tampoco se puede pretender, como bien señala el funcionario, que ese expediente le pase por encima a otros que fueron remitidos antes y que también son importantes para la Procuraduría, por lo que debe esperar a que le llegue su turno, que el doctor Radhamés Jiménez calcula será para mediados del mes de enero próximo. Lo que no puede negar el Procurador, porque ahí están los periódicos que recogieron sus declaraciones, es que el único expediente bajo su jurisdicción sobre el que ha hecho pronunciamientos públicos para calificarlo de “politiquero” ha sido, precisamente, el de la Sun Land. Se entiende que, con una papa tan caliente en las manos, el doctor Jiménez no sepa qué hacer, qué decir o cómo retractarse de lo dicho, pero pretender que ese caso es otro de los tantos que recibe todos los meses desde la Suprema constituye un    ejercicio de cinismo indigno de su cargo y su trayectoria como funcionario público.

La vara de la ley

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que preside la doctora Agelán Casasnovas, condenó a ocho años de prisión a un hombre al que encontró culpable de atracar a una mujer en el barrio 27 de Febrero, a la que despojó de su cartera, un celular así como otras pertenencias, no sin antes asestarle dos puñaladas -una en el muslo izquierdo y otra en la mano derecha- a su víctima. El fiscal actuante en el caso, Denny Frey Silvestre Zorrilla, considera que con esa sentencia la Fiscalía del Distrito Nacional envía un mensaje claro y contundente a los delincuentes, pues apenas en 10 meses se obtuvo una sentencia condenatoria. Sin embargo, y sin ánimo de defender el delito y mucho menos al delincuente, cualquiera diría que se actuó con dureza excesiva al “ratero”, como lo calificaron algunos periódicos que reseñaron su sentencia, sobre todo si la comparamos con otras sentencias por delitos mucho más agraviantes para la sociedad dominicana que una mera ratería, como ha sido el caso -para poner un ejemplo a mano que, por demás, no puede ser más ilustrativo- de la condena que recibió Marcos Báez Cocco por su participación en el fraude por 74 mil millones de pesos perpetrado en Baninter. ¿No se supone que la ley debe medirnos a todos con la misma vara?

Caducidad

La JCE decidió extender  la validez, “con todas las consecuencias legales”, de las cédulas de identidad y electoral que deberían vencerse en los años 2006 y 2007, lo que permitirá a los ciudadanos y ciudadanas que las poseen ejercer su derecho al sufragio por lo menos hasta diciembre del 2008, pero también realizar cualquier tipo de transacción de carácter legal. La  decisión del tribunal de comicios está llamada a devolver la tranquilidad a mucha gente preocupada por el vencimiento de la vida útil de su principal documento de identidad, imprescindible para su desenvolvimiento cotidiano, y para cuya renovación es preciso someterse a un engorroso papeleo y, por vía de consecuencia, a una gran pérdida de tiempo. El afán fiscalista de muchas de nuestras instituciones públicas es el responsable de que hayamos caído en situaciones tan absurdas e injustas como la que padeció hace algún tiempo una veterana servidora pública, a quien la Secretaría de Hacienda se negaba a pagarle su pensión por no tener al día su cédula de identidad y electoral, como si por el vencimiento del documento ella hubiese dejado de ser quien era o hubiese perdido un derecho conquistado por años de trabajo y que le garantizan nuestras leyes laborales . La caducidad de la cédula es   algo que hay que resolver si queremos, al menos, parecernos al país moderno que  algún día soñamos ser.