Sigue encendido el debate en torno a la utilización de fondos públicos para financiar a los partidos políticos, una discusión más o menos cíclica sobre un asunto al que nuestra democracia, a pesar de su cacareada «madurez», no ha sabido encontrarle el «bajadero», que en este caso solo pueder ser una ley que garantice una efectiva fiscalización, por parte del Estado dominicano, de esos recursos, que permita establecer cómo se gastan y en qué se gastan. ¿Y saben por qué? Porque son los legisladores, es decir los propios políticos, los llamados a producir ese instrumento legal de fiscalización y control, por lo que resulta difícil imaginarse a cualquiera de ellos, cultores por gravedad del feroz pragmatismo que dejó como impronta el doctor Joaquín Balaguer a su paso por la política dominicana, renunciando a tener manos libres sobre unos fondos que no solo han solventado muchos caravaneos sino que ha alimentado también muchas fortunas. Estamos, como ya se habrán dando cuenta, ante un perverso círculo vicioso que es preciso romper si se quiere poner fin a una francachela que hasta ahora solo han disfrutado los políticos y sus socios de ocasión, dejando al noble y sufrido contribuyente con tan solo el dolor de cabeza y la insoportable resaca.

¿Chantaje?

  La misma necesidad de fiscalización se advierte en el manejo de los recursos que el gobierno central provee a la Junta Central Electoral para que esta cumpla su compromiso de organizar un proceso electoral confiable y transparente, pues resulta evidente que falta información sobre la forma en que el tribunal de comicios invierte esos recursos, que al igual que los que van a parar a los bolsillos de los políticos los aporta el noble y sufrido contribuyente. Ocurre, sin embargo, que una auditoría dispuesta por la Cámara de Cuentas a la JCE ha despertado las sospechas del juez Roberto Rosario, a quien resulta «perturbador» que el organismo facultado por ley para fiscalizar el manejo de los fondos públicos en las instituciones del Estado, incluídas las descentralizadas, haya dispuesto ese arqueo «en medio de un proceso electoral», pues sus resultados podrían utilizarse hasta para un «chantaje». Definitivamente, esta es una democracia muy especial…

Entrelíneas

  Es probable que más de un curioso, de esos que leen entrelíneas o gustan de buscarle la quinta pata al gato, esté hoy intentando descifrar qué habrá querido decir el presidente Leonel Fernández cuando se refirió, en el discurso pronunciado el domingo pasado durante la celebración de la Conferencia Nacional de la Juventud Peledeísta, a las «fuerzas que tienen que morir» para dar paso a «las fuerzas nuevas», es decir la juventud, a la que recomendó ponerse a la vanguardia de la lucha por conquistar una sociedad más justa y solidaria. A lo mejor se trató tan solo de una simple figura retórica, de esas a las que los oradores echan mano cuando desean enfatizar una idea o concepto, pero como delante del ahorcado –dice un viejo refrán– no se puede hablar ni de sogas ni de lazos no es de extrañar que alguien por ahí sienta que le están anunciando su pronto deceso, partidariamente hablando desde luego, sobre todo después de haberse definido las alianzas. No olviden que, también en política, el pez grande se come siempre al chiquito.