La reconocida socióloga y politóloga Rosario Espinal, columnista de este diario, opinó recientemente que los dirigentes políticos de este país se han caracterizado por su cobardía ante los poderes económicos que impiden los cambios que necesita la sociedad. Sin embargo, esos políticos no han pecado de tímidos, irresolutos ni apocados en otros aspectos de su accionar.

Cuando se ha tratado de revisar, actualizar o subir sus sueldos, ellos han sido más efectivos que las clases gobernantes de cualquier otro país del mundo, aparte de las demás ventajas que logran desde sus cúspides del sector público. Y detrás de no pocos contratos perjudiciales al país y al propio Estado, aparece a veces algún político que evidentemente estuvo en busca de beneficios estrictamente personales. Más que por cobardía, la falta de cambios que mantiene a este país en agudas desigualdades, es una consecuencia de la infidelidad a los principios y a las causas sociales de las nuevas generaciones de políticos en contradicción con las enseñanzas que sus mentores trazaron contra el neotrujillismo y la oligarquía. Han hecho suyas, de manera abierta o disimulada, las concepciones y obsolescencias que llevan a dar primacía al equilibrio macroeconómico sin preocuparse por impedir que los beneficios del crecimiento permanezcan acaparados por minorías.

Gobiernos versus nación

La informalidad en la economía es perjudicial. Causa estancamiento y genera ineficiencias. Los negocios que operan como si no existieran para los fines impositivos y de supervisión por parte del Estado y apartados de relaciones con la banca, rinden menos beneficios a la sociedad y al progreso que las entidades formales, con documentaciones y locales a la vista. Pero un estudio de organismos internacionales indicó hace poco que el empresariado marginal de este país ha crecido enormemente porque sus promotores suelen ver a los gobiernos como enemigos que con su burocracia traban la actividad productiva o esquilman con exigencias recaudadoras. Se prefiere no ser sujeto de crédito y al mismo tiempo escapar al escrutinio oficial, a ser aplastado por un Estado en el que han sobrevivido las trabas y la corrupción que días atrás reconoció y denunció el procurador general de la República, Radhamés Jiménez. No se puede negar que últimamente se han hecho esfuerzos por cambiar esa realidad, pero todavía es más difícil crear empresas y exportar desde República Dominicana que desde cualquier otro país del vecindario hemisférico. Y barbaridades como el alto e irracional costo de la energía frenan todavía el desarrollo y crecimiento de algunas áreas de negocios, lo que estimula la clandestinidad.

Respaldo a la Junta

Tranquiliza y reconforta saber que el Poder Ejecutivo formuló el compromiso de dar todo el respaldo económico posible a la Junta Central Electoral estando, como está, a diez meses de los próximos comicios nacionales. Lo primero que hay que decir es que, al margen de algunas decisiones controversiales y de las contradicciones al interior del organismo, los miembros de esa Junta han merecido la confianza del país, no solo por su pasados roles en esta sociedad, sino porque desde que llegaron a los cargos tomaron medidas intensamente reclamadas por la ciudadanía, y a las que otros no se atrevieron, como fue anular la autonomía enriquecedora de individuos que caracterizaba a las oficialías, moderando y uniformando la tarifa de servicios a la comunidad, descubriendo funcionamientos fraudulentos en las propias estructuras del Registro Civil y encabezando los reclamos de que la actividad proselitista y el uso de los recursos en campaña tengan límites. Los conflictos internos de la JCE merecen críticas, y es necesario que los jueces armonicen. Pero también hay que reconocer que algunos de esos conflictos aleccionadores surgieron a la luz pública por que se asumieron posiciones de principios en el seno del organismo, como fue la rebelión de la doctora Aura Celeste Fernández a cierta y rara forma de aumentarse los sueldos que tuvo lugar.