El Partido de la Liberación Dominicana decidió sacar del aire el spot en el que participa un oficial activo del Ejército Nacional, tal y como lo ordenó el pleno de la Junta Central Electoral, pero ha condicionado el retiro de la propaganda electoral de los medios a que también lo hagan los demás partidos políticos.

La dirigencia perredeísta, que ya interpuso un recurso de oposición a la medida ante el tribunal de comicios, argumenta que hasta tanto no se produzca un fallo sobre ese recurso no están obligados a acatar la resolución, en tanto el PRSC sostiene, a través de su representante ante la JCE Tácito Perdomo, que no existe ninguna ley que prohíba la publicidad electoral prematura y que, por tanto, no estarían violando ninguna ley si continúan difundiendo su  propaganda. A pesar de que todo eso está sucediendo ante los ojos del país, en la JCE parecen no advertir las implicaciones que tendría para su autoridad, como responsable de organizar el proceso electoral de mayo próximo, el que los partidos políticos decidan -no importa bajo cuáles pretextos o argumentos- ignorar esa prohibición.

Como perros y gatos

Para hacer más inquietante, si cabe, ese panorama, los jueces Eddy Olivares y John Guiliani se enfrascan en una altisonante polémica pública, matizada de acusaciones y contra acusaciones, cuya única virtud ha sido exponer en toda su desnudez el mal de fondo que mantiene en permanente agitación las aguas internas del tribunal electoral, aunque ya no haya tiempo ni forma de reparar el error -el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez lo llamó, con bíblico acierto, pecado original-  de meter la política en la JCE o, peor todavía, de permitir que los políticos y sus intereses la dirijan por trasmano. Por eso es que mucha gente empieza a hacerse preguntas, a poner en dudas la capacidad del tribunal de comicios y de sus jueces para arbitrar  un proceso tan complejo, donde hay tantos intereses contrapuestos como unas elecciones presidenciales, si se están matando como perros y gatos.

Inaceptable

A pesar del valioso servicio que ofrecen a la ciudadanía, de la disciplina que exhiben en su trabajo y el hecho de que, contrario a los agentes de tránsito que teníamos hasta el momento de su creación no macutean,  los agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) han mostrado desde el principio  una gran debilidad: su propensión a la violencia física, de pasar de las palabras a los hechos con demasiada facilidad, en algunos casos recurriendo al uso de su arma de reglamento, el último argumento al que deberían recurrir para dirimir un simple problema de tránsito. Esa inclinación a la violencia, al uso alegre e irresponsable de un arma de fuego, no ha podido ser erradicada de ese cuerpo, como acaba de poner en evidencia la muerte del chofer de concho Catalino Cruz Almánzar, de 33 años, muerto de dos balazos que recibió de parte de un agente de AMET..