El país está entrando con pasos acelerados a la moda de las concesiones, que además de aeropuertos y carreteras podría extenderse también a nuestras cárceles, siempre y cuando el Congreso Nacional acoja favorablemente un proyecto de ley que concesionaría al sector privado los servicios del sistema penitenciario dominicano.

No se trata, es oportuno  aclararlo, de privatizar nuestras cárceles sino de crear una conveniente alianza o asociación entre el Estado y el sector privado en el que cada quien tiene perfecta y claramente delimitadas sus responsabilidades; mientras el segundo construye los recintos, se ocupa de los servicios de alimentación, salud, electricidad y lavandería, entre otros, el primero se encarga de   la seguridad y la administración del sistema, según explicó Marco Carmach Botto, un técnico chileno que asesora a nuestras autoridades penitenciarias en esa materia. Al general Juan Ramón de la Cruz Martínez, director de Prisiones, se le ve muy entusiasmado con la idea, convencido de que el modelo concesionario resolvería el problema del hacinamiento y  la superpoblación de nuestras cárceles, en cuya solución el Estado dominicano tendría que invertir cuantiosos recursos. La idea, así expuesta, parece interesante y digna de ser tomada en cuenta, tal y como lo fue en su momento  privatizar la calamidad pública que era la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) que en paz descanse, pero lamentablemente en este país siempre hay un trecho demasiado largo entre lo que nuestros  gobiernos anuncian  que van a  hacer y los resultados finales de esas iniciativas. En el caso de la propuesta de concesionar nuestras cárceles, que se ve -por lo menos desde fuera- tan bonito, no tiene porqué ser distinto ni diferente.

¿Quién podrá defendernos?

Es probable que el arresto de otros cuatro agentes policiales, un mayor, un capitán y dos rasos, a los que se señala como miembros de una banda que se especializaba en el robo de camiones cargados de mercancías, vuelva a colocar en la picota a la Policía Nacional, bajo el fuego cruzado de una opinión pública que se pregunta, con sobradas razones, cómo puede esta ser  garante  del orden y la tranquilidad ciudadana y al mismo tiempo ser parte del grave problema de seguridad pública por el que estamos atravesando. Es cierto, como afirma el teniente general Bernardo Santana Páez, que si hoy nos enteramos de las andanzas delictivas de tantos miembros de la institución ha sido porque desde la actual jefatura se les ha perseguido, sin ocultamientos ni complicidades, pero ese es un pobre consuelo para una sociedad atemorizada que ya no sabe a quién encomendarse para que la defienda.

  Servicios públicos

¿Quién protege los bienes públicos, sobre todo aquellos que constituyen un servicio como los acueductos o las redes eléctricas? Esa pregunta anda rondando las mentes de mucha gente  desde que el país se enteró de que unos desaprensivos robaron y destruyeron equipos del acueducto Brujuelas-Casuí, dejando sin el servicio de agua potable a la comunidad de Boca Chica, La Caleta  y una docena de sectores de Santo Domingo Este. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez ha recordado tanto a las autoridades gubernamentales como provinciales que es su responsabilidad proteger y salvaguardar eso servicios, pero a juzgar por la frecuencia y cantidad conque se producen esos actos de agresión contra el patrimonio público, desde el desmantelamiento sistemático de las redes ferroviarias del Consejo Estatal del Azúcar hasta el robo, en tres ocasiones, de la espada que exhibe la estatua del héroe restaurador Gregorio Luperón, cualquiera diría que desbordan la capacidad material de la Policía Nacional de hacerle frente, y quién sabe si también del Ejército.